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El Gobierno de Sánchez se queda solo ante el endurecimiento de la política migratoria en la UE mientras se crean centros de deportación
La nueva legislación de la UE sobre migración permite deportaciones a terceros países sin vínculos previos, generando un intenso debate sobre derechos humanos.
Publicado: 12 de diciembre de 2025, 03:09
La reciente reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea ha marcado un cambio significativo en las políticas migratorias del bloque, donde se han acordado medidas que endurecen las condiciones para la llegada de inmigrantes, así como la creación de centros de deportación en países terceros. Este giro hacia una postura más estricta responde a la presión de gobiernos de izquierda y derecha, especialmente de la extrema derecha en varios Estados miembros, cuyo modelo de deportación ha sido tomado como inspiración.
Se aprobó un reglamento que permite la deportación de inmigrantes a países considerados ‘seguros’, sin conexión previa, rechazado por España. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió sobre la legalidad y los derechos humanos, mientras que el resto de los ministros apoyaron la iniciativa para contener el flujo migratorio y proteger fronteras ante el aumento de la migración irregular.
La postura de España resalta su aislamiento en un debate polarizado entre ética de los derechos humanos y presiones políticas internas que impulsan políticas más duras. El Gobierno español continúa defendiendo un enfoque centrado en el respeto de los derechos humanos, en contraste con las tendencias restrictivas en la UE.
Se aprobó un reglamento que permite la deportación de inmigrantes a países considerados ‘seguros’, sin conexión previa, rechazado por España. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió sobre la legalidad y los derechos humanos, mientras que el resto de los ministros apoyaron la iniciativa para contener el flujo migratorio y proteger fronteras ante el aumento de la migración irregular.
La postura de España resalta su aislamiento en un debate polarizado entre ética de los derechos humanos y presiones políticas internas que impulsan políticas más duras. El Gobierno español continúa defendiendo un enfoque centrado en el respeto de los derechos humanos, en contraste con las tendencias restrictivas en la UE.