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El Gobierno de Gustavo Petro declara emergencia económica en Colombia por 30 días tras hundimiento de la reforma tributaria
Medida permitirá implementar nuevos impuestos para abordar la crisis fiscal y garantizar los derechos fundamentales de la población
Publicado: 24 de diciembre de 2025, 01:24
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado estado de emergencia económica durante 30 días a nivel nacional tras la reciente decisión del Congreso de archivar una crucial reforma tributaria. Este decreto, formalizado mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, tiene como objetivo abordar una 'inminente crisis fiscal' que se prevé agravará la situación económica del país y pondrá en riesgo la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y servicios esenciales.
El decreto otorga al Ejecutivo la autoridad para expedir normas con fuerza de ley que permitan implementar ajustes tributarios necesarios para enfrentar el déficit fiscal tras el hundimiento de la reforma tributaria. Se anticipan aumentos en el IVA, así como la creación de un nuevo impuesto al patrimonio, con el objetivo de cerrar el faltante fiscal que dejó la no aprobación de dicha reforma, que buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el presupuesto de 2026. Entre las posibles medidas, el Gobierno señalará la adopción de impuestos especiales dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad de contribución, y tributos para corregir externalidades negativas en materia ambiental y de salud pública.
La administración Petro enfrenta un reto significativo, con proyecciones del PIB mostrando crecimiento, pero evidenciando un déficit fiscal creciente. Según analistas, se espera que el déficit fiscal cierre por encima del 7% en 2025. El presidente ha indicado la urgencia de tomar medidas drásticas para evitar recortes a la inversión pública que afecten el bienestar de la población. En este contexto, el Ejecutivo ha establecido que la situación fiscal ha adquirido un carácter grave y ha enumerate múltiples presiones presupuestales que limitan la capacidad financiera del Estado.
El decreto también establece que el Congreso será convocado para ejercer control político sobre las normas que se expidan durante el estado de emergencia, y todas las medidas deberán ser revisadas por la Corte Constitucional para asegurar su constitucionalidad.
El decreto otorga al Ejecutivo la autoridad para expedir normas con fuerza de ley que permitan implementar ajustes tributarios necesarios para enfrentar el déficit fiscal tras el hundimiento de la reforma tributaria. Se anticipan aumentos en el IVA, así como la creación de un nuevo impuesto al patrimonio, con el objetivo de cerrar el faltante fiscal que dejó la no aprobación de dicha reforma, que buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el presupuesto de 2026. Entre las posibles medidas, el Gobierno señalará la adopción de impuestos especiales dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad de contribución, y tributos para corregir externalidades negativas en materia ambiental y de salud pública.
La administración Petro enfrenta un reto significativo, con proyecciones del PIB mostrando crecimiento, pero evidenciando un déficit fiscal creciente. Según analistas, se espera que el déficit fiscal cierre por encima del 7% en 2025. El presidente ha indicado la urgencia de tomar medidas drásticas para evitar recortes a la inversión pública que afecten el bienestar de la población. En este contexto, el Ejecutivo ha establecido que la situación fiscal ha adquirido un carácter grave y ha enumerate múltiples presiones presupuestales que limitan la capacidad financiera del Estado.
El decreto también establece que el Congreso será convocado para ejercer control político sobre las normas que se expidan durante el estado de emergencia, y todas las medidas deberán ser revisadas por la Corte Constitucional para asegurar su constitucionalidad.