El Gobierno de España lleva a Ayuso a los tribunales por negarse a crear el registro de objetores al aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la decisión de llevar a la Comunidad de Madrid a los tribunales debido a su negativa a implementar un registro de objetores de conciencia ante el aborto, tal y como establece la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley exige a las comunidades autónomas crear un registro confidencial de profesionales que se niegan a practicar abortos por razones de conciencia.

Durante un comunicado, Sánchez enfatizó la importancia de esta medida y criticó la actitud de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien defendió su postura argumentando que crear el registro obligaría a los médicos a actuar en contra de sus convicciones. La ministra de Sanidad, Mónica García, también advirtió que la negativa de Ayuso genera desigualdades de derechos entre comunidades, afirmando que la creación del registro es una herramienta necesaria y que los datos serían confidenciales.

Este conflicto evidencia las tensiones entre el Estado y el Gobierno de Madrid en un contexto donde la sanidad y los derechos reproductivos están en el centro del debate político, generando gran controversia pública en torno a la accesibilidad y al respeto de los derechos de las mujeres.