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El Gobierno de España condena la imputación de Begoña Gómez por el juez Peinado como parte de una campaña de acoso político
Los ministros critican la decisión judicial y advierten sobre la falta de pruebas en una investigación que lleva más de un año.
Publicado: 19 de agosto de 2025, 19:23
El Gobierno español ha manifestado su firme oposición a la reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. La imputación se sustenta en la sospecha de que Álvarez, empleada del Ejecutivo, pudo usar recursos públicos para beneficiar el proyecto académico dirigido por Gómez en la Universidad Complutense. Los ministros han expresado su indignación, calificando la imputación de Gómez como parte de una 'campaña de acoso' contra el presidente debido al éxito de sus políticas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, han rechazado tanto la imputación como la metodología del juez, argumentando que no hay pruebas concretas que justifiquen esta investigación prolongada.
El caso incluye líneas de investigación sobre tráfico de influencias y apropiación indebida, vinculadas a la contratación de una asesora. Con declaraciones públicas, los ministros han enfatizado que estas acciones son un intento de desacreditar no solo a Begoña Gómez, sino también al presidente Sánchez y su administración. Además, se ha señalado que el CGPJ ha abierto una nueva investigación contra el juez Peinado tras tomar declaración al actual Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo que añade un nuevo elemento a la controversia. La situación ha elevado las tensiones entre el ejecutivo y el poder judicial, provocando críticas sobre la posible instrumentalización de la justicia en este contexto.
Además, se menciona la crítica a la fiscal general del Estado por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en este ambiente de polarización política. A medida que el caso avanza, crece la preocupación sobre la imparcialidad del juez, dado su vínculo histórico con el Partido Popular y su posible influencia en el proceso. En resumen, el Gobierno sostiene que las investigaciones carecen de bases firmes y constituyen un ataque más amplio que afecta la política y la percepción pública del liderazgo del presidente.
El caso incluye líneas de investigación sobre tráfico de influencias y apropiación indebida, vinculadas a la contratación de una asesora. Con declaraciones públicas, los ministros han enfatizado que estas acciones son un intento de desacreditar no solo a Begoña Gómez, sino también al presidente Sánchez y su administración. Además, se ha señalado que el CGPJ ha abierto una nueva investigación contra el juez Peinado tras tomar declaración al actual Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo que añade un nuevo elemento a la controversia. La situación ha elevado las tensiones entre el ejecutivo y el poder judicial, provocando críticas sobre la posible instrumentalización de la justicia en este contexto.
Además, se menciona la crítica a la fiscal general del Estado por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en este ambiente de polarización política. A medida que el caso avanza, crece la preocupación sobre la imparcialidad del juez, dado su vínculo histórico con el Partido Popular y su posible influencia en el proceso. En resumen, el Gobierno sostiene que las investigaciones carecen de bases firmes y constituyen un ataque más amplio que afecta la política y la percepción pública del liderazgo del presidente.