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El Gobierno de España avanza en la ley abolicionista de la prostitución enfocándose en el proxenetismo digital y la exclusión de los servicios sexuales en CNAE
Con la inminente llegada de la ley abolicionista, el Ministerio de Igualdad busca abordar el fenómeno del proxenetismo a través de plataformas digitales y revisar la clasificación económica de los servicios sexuales.
Publicado: 27 de agosto de 2025, 06:47
El Gobierno de España, bajo la dirección de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, está trabajando en una ley abolicionista de la prostitución que se centra especialmente en el proxenetismo digital, un fenómeno que ha crecido con la migración de la prostitución a plataformas online. Se espera que la ley esté lista para su presentación al Consejo de Ministros en septiembre, aunque podría haber retrasos. La legislación tiene como objetivo abolir la prostitución en España, un asunto que ha generado un intenso debate político y social.
La clasificación del trabajo sexual en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) ha sido un punto de controversia. Desde enero, el trabajo sexual se ha categorized dentro de ‘Otros servicios personales’, lo que ha impulsado al Gobierno a reconsiderar su adecuación y corregir lo que se percibió como un error. Esta decisión fue bien recibida por las voces abolicionistas, que ven en ella un paso hacia la abolición de la prostitución como actividad económica. Recientemente, Ana Redondo ha indicado que esta guía para la CNAE es una adaptación literal de Eurostat y que el Gobierno trabajará para cambiarla en coherencia con su línea abolicionista.
La expansión del proxenetismo digital a través de las redes sociales ha planteado desafíos significativos, sobre todo en el contexto de una migración masiva hacia Internet, especialmente durante la pandemia, lo que dificulta la regulación de la prostitución en la era digital. Las acciones del Ministerio de Igualdad reflejan un compromiso para abordar esta problemática desde diferentes ángulos, aunque la implementación de la nueva ley enfrenta aún muchas incertidumbres en el ámbito político y social. La ministra confirmó que el proxenetismo digital es una de las líneas de trabajo en el marco de esta ley, y que hay un énfasis en regular no solo los locales físicos donde se ejerce la prostitución, sino también las plataformas digitales que facilitan esta actividad. Este enfoque se ha visto reforzado por los recientes escándalos y críticas hacia el machismo en el discurso político, lo que ha llevado al Gobierno a considerar este momento como propicio para acelerar la legislación que busca erradicar la prostitución y sus formas de explotación asociadas.
La clasificación del trabajo sexual en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) ha sido un punto de controversia. Desde enero, el trabajo sexual se ha categorized dentro de ‘Otros servicios personales’, lo que ha impulsado al Gobierno a reconsiderar su adecuación y corregir lo que se percibió como un error. Esta decisión fue bien recibida por las voces abolicionistas, que ven en ella un paso hacia la abolición de la prostitución como actividad económica. Recientemente, Ana Redondo ha indicado que esta guía para la CNAE es una adaptación literal de Eurostat y que el Gobierno trabajará para cambiarla en coherencia con su línea abolicionista.
La expansión del proxenetismo digital a través de las redes sociales ha planteado desafíos significativos, sobre todo en el contexto de una migración masiva hacia Internet, especialmente durante la pandemia, lo que dificulta la regulación de la prostitución en la era digital. Las acciones del Ministerio de Igualdad reflejan un compromiso para abordar esta problemática desde diferentes ángulos, aunque la implementación de la nueva ley enfrenta aún muchas incertidumbres en el ámbito político y social. La ministra confirmó que el proxenetismo digital es una de las líneas de trabajo en el marco de esta ley, y que hay un énfasis en regular no solo los locales físicos donde se ejerce la prostitución, sino también las plataformas digitales que facilitan esta actividad. Este enfoque se ha visto reforzado por los recientes escándalos y críticas hacia el machismo en el discurso político, lo que ha llevado al Gobierno a considerar este momento como propicio para acelerar la legislación que busca erradicar la prostitución y sus formas de explotación asociadas.