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El Gobierno de EEUU adquiere el 10% de Intel por 8.900 millones de dólares en una histórica intervención económica.
La transacción se destaca como la mayor intervención federal en una empresa desde el rescate de la industria automotriz en 2008.
Publicado: 23 de agosto de 2025, 06:30
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha alcanzado un acuerdo para comprar el 10% de las acciones de Intel, lo que representa una inversión de 8.900 millones de dólares. Esta operación es considerada la mayor intervención federal en una empresa desde el rescate de las compañías automotrices durante la crisis financiera de 2008.
La inversión se financiará a través de subvenciones otorgadas a Intel y se suma a los 11.100 millones de dólares que ha recibido en total del gobierno. Aunque el gobierno no tendrá representación en el consejo de administración de Intel, se espera que vote junto a la dirección actual en decisiones de accionistas. La adquisición de 433,3 millones de acciones a un precio de 20,47 dólares cada una se considera un descuento frente al valor de mercado.
La inversión en Intel es un paso significativo para mantener el liderazgo tecnológico de EE.UU. en un sector crítico como el de los semiconductores, crucial para la competencia global, especialmente frente a países como China. Este acuerdo se da en un contexto donde la presión por producir en territorio estadounidense es creciente y donde el gobierno busca fomentar el crecimiento del sector tecnológico mientras vigila las inversiones extranjeras.
La inversión se financiará a través de subvenciones otorgadas a Intel y se suma a los 11.100 millones de dólares que ha recibido en total del gobierno. Aunque el gobierno no tendrá representación en el consejo de administración de Intel, se espera que vote junto a la dirección actual en decisiones de accionistas. La adquisición de 433,3 millones de acciones a un precio de 20,47 dólares cada una se considera un descuento frente al valor de mercado.
La inversión en Intel es un paso significativo para mantener el liderazgo tecnológico de EE.UU. en un sector crítico como el de los semiconductores, crucial para la competencia global, especialmente frente a países como China. Este acuerdo se da en un contexto donde la presión por producir en territorio estadounidense es creciente y donde el gobierno busca fomentar el crecimiento del sector tecnológico mientras vigila las inversiones extranjeras.