PolíticaContrastada con 4 fuentes
Progresista 62.6%Conservador 37.4%
El Gobierno celebrará dos consejos extraordinarios antes de las elecciones
Las reuniones serán los días 13 y 20 de noviembre, además de las ordinarias del 17 y el 24, con medidas sociales pendientes de aprobación.
Publicado: 10 de noviembre de 2026, 15:47
El Gobierno celebrará dos reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros los viernes 13 y 20 de noviembre, además de las dos ordinarias previstas para los martes 17 y 24, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La primera cita extraordinaria coincidirá con el inicio oficial de la campaña electoral.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció las fechas este martes, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipara la celebración de consejos extraordinarios para aprobar medidas sociales pendientes. Fuentes de Moncloa rechazan que la decisión sea electoralista y la atribuyen al volumen de asuntos por aprobar y a la necesidad de hacer más operativa la agenda. El último consejo previsto será el ordinario del 24 de noviembre.
Sánchez explicó en una entrevista en La Séptima que quedan asuntos pendientes en el Gobierno y en el Congreso, entre ellos la convalidación de medidas de vivienda por la Diputación Permanente. El Ejecutivo pretende llevar a ese órgano los decretos leyes que apruebe antes de las elecciones.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó tres decretos leyes: uno para ampliar la protección de determinadas familias, otro para aumentar la financiación del sistema de dependencia y un tercero con medidas urgentes de seguridad ferroviaria tras el accidente de Urda.
El decreto de familias, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, recupera parte del proyecto de ley de familias, bloqueado en dos ocasiones por falta de apoyos. Amplía la protección de las familias monoparentales, las numerosas con pocos recursos y los hogares con un padre o madre con discapacidad y más de un hijo. Según el ministerio, beneficiará a más de 760.000 familias, cerca de tres millones de personas, y supondrá 820 millones de euros anuales. El Gobierno quiere someterlo a la Diputación Permanente en la última semana de campaña.
Entre las medidas pendientes figura la subida del salario mínimo interprofesional un 5,3%, hasta 1.286 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 18.004 euros brutos anuales. La propuesta del Ministerio de Trabajo supera el porcentaje planteado por el comité de expertos. El plazo de alegaciones termina el próximo lunes y la vicepresidenta Yolanda Díaz busca su aprobación antes de los comicios. Los sindicatos se plantean no firmar el acuerdo si no se eleva la subida al 7% y se atienden sus demandas sobre la absorción de los pluses y la tributación del salario mínimo en el IRPF.
El Ejecutivo también ha comprometido la revalorización de las pensiones conforme al IPC, aunque esta se aprobará con el Gobierno ya en funciones: el dato actualizado de inflación del INE necesario para calcularla no se conocerá hasta dos días antes de las elecciones.
En vivienda, el Gobierno prevé aprobar la licitación de un contrato para la gestión social de los inmuebles de Casa 47, la entidad estatal dependiente del Ministerio de Vivienda. También trabaja en los pliegos de una concesión para construir unas 2.500 viviendas con inversores privados, cuya licitación había prometido la ministra Isabel Rodríguez antes de abril. El ministerio anunció el viernes una convocatoria de 442 pisos procedentes de la Sareb para el portal público de alquiler asequible y prevé incorporar otro millar antes de que termine el año.
Tras la convocatoria electoral, el Ejecutivo volvió a aprobar decretos de vivienda que el Congreso había derogado. Incluyen medidas contra los desahucios, prórrogas de alquiler, incentivos fiscales, regulación de los alquileres temporales y préstamos ICO sin intereses de hasta 50.000 euros para la primera vivienda. El primer texto está en vigor; la prórroga automática de los contratos del segundo se ha postergado hasta su votación en la Diputación Permanente. El PNV ha anunciado su apoyo al primer decreto.
El Gobierno tiene también pendiente el registro digital obligatorio de la jornada laboral, que cuenta con un dictamen desfavorable del Consejo de Estado. Fuentes cercanas al proceso confían en que se apruebe antes del 29 de noviembre. En educación se prevén medidas sobre límites de alumnos en Infantil y Bachillerato, restricciones a la Formación Profesional privada y en línea y requisitos más exigentes para crear universidades privadas. La propuesta de ratios, que examina el Consejo Escolar, contempla cuatro alumnos por educador entre cero y un año, seis entre uno y dos, ocho entre dos y tres, 20 por aula en el segundo ciclo de Infantil y 30 en Bachillerato.
También se encuentra preparado para llegar al Consejo de Ministros el reglamento sobre información científica, objetiva y accesible previa al aborto, para cuya tramitación urgente el Ministerio de Igualdad recibió autorización en octubre. El registro de violencia contra la infancia y la adolescencia está en una fase avanzada y cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. Los socios del Gobierno negocian además una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años. Entre los asuntos pendientes figuran nuevas reglas para centros de acogida y protección de menores y la concesión de la nacionalidad española a algunos saharauis, que se estudia por la vía de la carta de naturaleza tras la disolución de las Cortes.
Moncloa no descarta que el indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se apruebe antes de las elecciones, aunque aún no está decidido si se abordará antes o después del 29 de noviembre. Sánchez dijo en la entrevista que el asunto seguía en proceso y que no podía responder en ese momento. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados en la filtración del caso de Alberto González Amador. La Fiscalía informó en mayo a favor de un indulto parcial que retirara la inhabilitación, mientras que el Tribunal Supremo lo rechazó en un informe preceptivo, pero no vinculante.
Entre las decisiones de las últimas semanas, el Gobierno aprobó un decreto con medidas sociales en materia de Seguridad Social para mejorar la protección de los trabajadores ante acontecimientos catastróficos y de las familias por enfermedades graves de hijos, menopausia, violencia de género, viudedad o terrorismo. También destinó 45,3 millones de euros a Ceuta para gastos extraordinarios de la crisis migratoria, aprobó el Segundo Plan de Acción de Juventud 2025-2028, 45 millones para alojamiento universitario y el nuevo Estatuto del Estudiantado. En vivienda acordó 180 millones para zonas tensionadas y, posteriormente, 201 millones para construir 2.500 viviendas asequibles mediante colaboración público-privada.
En el consejo del martes anterior, el Ejecutivo aprobó 30 millones de euros en ayudas directas y anticipos para las víctimas del accidente ferroviario de Urda y sus familiares, además de medidas sobre el precio del transporte alternativo y la seguridad ferroviaria. El entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, las anunció horas antes de dimitir, tras su comparecencia en el Congreso. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, asumió la cartera.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció las fechas este martes, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipara la celebración de consejos extraordinarios para aprobar medidas sociales pendientes. Fuentes de Moncloa rechazan que la decisión sea electoralista y la atribuyen al volumen de asuntos por aprobar y a la necesidad de hacer más operativa la agenda. El último consejo previsto será el ordinario del 24 de noviembre.
Sánchez explicó en una entrevista en La Séptima que quedan asuntos pendientes en el Gobierno y en el Congreso, entre ellos la convalidación de medidas de vivienda por la Diputación Permanente. El Ejecutivo pretende llevar a ese órgano los decretos leyes que apruebe antes de las elecciones.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó tres decretos leyes: uno para ampliar la protección de determinadas familias, otro para aumentar la financiación del sistema de dependencia y un tercero con medidas urgentes de seguridad ferroviaria tras el accidente de Urda.
El decreto de familias, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, recupera parte del proyecto de ley de familias, bloqueado en dos ocasiones por falta de apoyos. Amplía la protección de las familias monoparentales, las numerosas con pocos recursos y los hogares con un padre o madre con discapacidad y más de un hijo. Según el ministerio, beneficiará a más de 760.000 familias, cerca de tres millones de personas, y supondrá 820 millones de euros anuales. El Gobierno quiere someterlo a la Diputación Permanente en la última semana de campaña.
Entre las medidas pendientes figura la subida del salario mínimo interprofesional un 5,3%, hasta 1.286 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 18.004 euros brutos anuales. La propuesta del Ministerio de Trabajo supera el porcentaje planteado por el comité de expertos. El plazo de alegaciones termina el próximo lunes y la vicepresidenta Yolanda Díaz busca su aprobación antes de los comicios. Los sindicatos se plantean no firmar el acuerdo si no se eleva la subida al 7% y se atienden sus demandas sobre la absorción de los pluses y la tributación del salario mínimo en el IRPF.
El Ejecutivo también ha comprometido la revalorización de las pensiones conforme al IPC, aunque esta se aprobará con el Gobierno ya en funciones: el dato actualizado de inflación del INE necesario para calcularla no se conocerá hasta dos días antes de las elecciones.
En vivienda, el Gobierno prevé aprobar la licitación de un contrato para la gestión social de los inmuebles de Casa 47, la entidad estatal dependiente del Ministerio de Vivienda. También trabaja en los pliegos de una concesión para construir unas 2.500 viviendas con inversores privados, cuya licitación había prometido la ministra Isabel Rodríguez antes de abril. El ministerio anunció el viernes una convocatoria de 442 pisos procedentes de la Sareb para el portal público de alquiler asequible y prevé incorporar otro millar antes de que termine el año.
Tras la convocatoria electoral, el Ejecutivo volvió a aprobar decretos de vivienda que el Congreso había derogado. Incluyen medidas contra los desahucios, prórrogas de alquiler, incentivos fiscales, regulación de los alquileres temporales y préstamos ICO sin intereses de hasta 50.000 euros para la primera vivienda. El primer texto está en vigor; la prórroga automática de los contratos del segundo se ha postergado hasta su votación en la Diputación Permanente. El PNV ha anunciado su apoyo al primer decreto.
El Gobierno tiene también pendiente el registro digital obligatorio de la jornada laboral, que cuenta con un dictamen desfavorable del Consejo de Estado. Fuentes cercanas al proceso confían en que se apruebe antes del 29 de noviembre. En educación se prevén medidas sobre límites de alumnos en Infantil y Bachillerato, restricciones a la Formación Profesional privada y en línea y requisitos más exigentes para crear universidades privadas. La propuesta de ratios, que examina el Consejo Escolar, contempla cuatro alumnos por educador entre cero y un año, seis entre uno y dos, ocho entre dos y tres, 20 por aula en el segundo ciclo de Infantil y 30 en Bachillerato.
También se encuentra preparado para llegar al Consejo de Ministros el reglamento sobre información científica, objetiva y accesible previa al aborto, para cuya tramitación urgente el Ministerio de Igualdad recibió autorización en octubre. El registro de violencia contra la infancia y la adolescencia está en una fase avanzada y cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. Los socios del Gobierno negocian además una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años. Entre los asuntos pendientes figuran nuevas reglas para centros de acogida y protección de menores y la concesión de la nacionalidad española a algunos saharauis, que se estudia por la vía de la carta de naturaleza tras la disolución de las Cortes.
Moncloa no descarta que el indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se apruebe antes de las elecciones, aunque aún no está decidido si se abordará antes o después del 29 de noviembre. Sánchez dijo en la entrevista que el asunto seguía en proceso y que no podía responder en ese momento. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados en la filtración del caso de Alberto González Amador. La Fiscalía informó en mayo a favor de un indulto parcial que retirara la inhabilitación, mientras que el Tribunal Supremo lo rechazó en un informe preceptivo, pero no vinculante.
Entre las decisiones de las últimas semanas, el Gobierno aprobó un decreto con medidas sociales en materia de Seguridad Social para mejorar la protección de los trabajadores ante acontecimientos catastróficos y de las familias por enfermedades graves de hijos, menopausia, violencia de género, viudedad o terrorismo. También destinó 45,3 millones de euros a Ceuta para gastos extraordinarios de la crisis migratoria, aprobó el Segundo Plan de Acción de Juventud 2025-2028, 45 millones para alojamiento universitario y el nuevo Estatuto del Estudiantado. En vivienda acordó 180 millones para zonas tensionadas y, posteriormente, 201 millones para construir 2.500 viviendas asequibles mediante colaboración público-privada.
En el consejo del martes anterior, el Ejecutivo aprobó 30 millones de euros en ayudas directas y anticipos para las víctimas del accidente ferroviario de Urda y sus familiares, además de medidas sobre el precio del transporte alternativo y la seguridad ferroviaria. El entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, las anunció horas antes de dimitir, tras su comparecencia en el Congreso. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, asumió la cartera.