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El Gobierno británico propone drásticas reformas al sistema de asilo que incluyen la confiscación de bienes y espera de 20 años para residencia permanente
Las nuevas medidas generaron críticas internas dentro del Partido Laborista y reflejan un cambio significativo en la política migratoria del Reino Unido.
Publicado: 17 de noviembre de 2025, 20:43
El Gobierno laborista del Reino Unido, dirigido por el primer ministro Keir Starmer, ha presentado un plan radical para restringir el derecho de asilo, incluyendo la confiscación de bienes personales de solicitantes e incrementando el plazo para la residencia permanente de cinco a 20 años. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, argumenta que estas reformas son necesarias ante la creciente inmigración irregular, que según ella, está desbordando el sistema.
Las propuestas han generado una fuerte oposición dentro del propio Partido Laborista, con algunos diputados apoyando las políticas por temor a repercusiones electorales ante la extrema derecha, mientras otros las califican de injustas y racistas. Además, se plantean restricciones adicionales como la revisión del estatus de refugiados cada 30 meses y la eliminación de ayudas para aquellos que puedan mantenerse por sí mismos.
Mahmood menciona que estas reformas se inspiran en modelos de otros países como Dinamarca. A su vez, se busca sancionar a países que no colaboren en la repatriación de sus nacionales, elevando las tensiones sobre a quién realmente beneficiarán estas medidas y sus implicaciones en los derechos humanos de los refugiados.
Las propuestas han generado una fuerte oposición dentro del propio Partido Laborista, con algunos diputados apoyando las políticas por temor a repercusiones electorales ante la extrema derecha, mientras otros las califican de injustas y racistas. Además, se plantean restricciones adicionales como la revisión del estatus de refugiados cada 30 meses y la eliminación de ayudas para aquellos que puedan mantenerse por sí mismos.
Mahmood menciona que estas reformas se inspiran en modelos de otros países como Dinamarca. A su vez, se busca sancionar a países que no colaboren en la repatriación de sus nacionales, elevando las tensiones sobre a quién realmente beneficiarán estas medidas y sus implicaciones en los derechos humanos de los refugiados.