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El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes tras acuerdo con Podemos
La medida permitirá obtener permisos de residencia y trabajo a quienes acrediten cinco meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Publicado: 27 de enero de 2026, 11:50
El Consejo de Ministros español se prepara para aprobar una medida significativa que permitirá la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes que puedan acreditar haber estado en el país al menos cinco meses. Este acuerdo, alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, es una respuesta a las tensiones políticas y sociales en torno a la migración, marcada por las crecientes demandas de derechos para poblaciones en situación irregular.
La regularización, que beneficiará a aquellos que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025, será tramitada a través de un real decreto que evita el paso por el Congreso. Se espera que la medida se apruebe en la próxima reunión del Consejo de Ministros, y según declaraciones de miembros de Podemos, dará solución a un flujo importante de migrantes que viven en la invisibilidad administrativa.
Un informe de Funcas estima que existen 840,000 inmigrantes irregulares en España, de los cuales el 60% podría beneficiarse de esta regularización. Esta regularización extraordinaria se inscribe en un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar la migración desde una perspectiva de derechos, promoviendo una discusión sobre la migración basada en la dignidad y el respeto por las personas involucradas. Además, la consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha calificado la regularización como un paso positivo, afirmando que es crucial para sectores que enfrentan problemas de mano de obra cualificada.
Los potenciales beneficiarios deberán presentar distintos documentos que demuestren su permanencia en España, como certificados de empadronamiento, informes médicos, o incluso billetes de transporte. La medida también suspenderá de manera automática cualquier procedimiento de retorno o orden de expulsión mientras esté en trámite la solicitud. De ser admitida, se otorgará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a la atención sanitaria pública.
Esta decisión del gobierno responde tanto a un compromiso con los derechos de los migrantes como a las estrategias políticas del Ejecutivo para consolidar su mayoría parlamentaria. La regularización se ha vuelto un tema candente, especialmente a la luz de un reciente repunte en la violencia contra trabajadores de servicios de emergencias, como los sanitarios del SAMUR, que han visto un incremento en las agresiones mientras realizan su trabajo en la vía pública. La presión social y las reivindicaciones de grupos como Podemos y diversas organizaciones civiles han sido fundamentales para la concreción de esta medida.
Finalmente, a medida que se avanza en esta nueva política migratoria, surge un apremiante llamado a garantizar una integración efectiva de los migrantes en el mercado laboral y a abordar la grave problemática del 'brain waste', donde muchos migrantes altamente cualificados se ven forzados a aceptar trabajos que no se alinean con su formación profesional. Las proyecciones indican que esta regularización no solo beneficiará a los migrantes, sino que podría revitalizar sectores económicos en falta de mano de obra.
La regularización, que beneficiará a aquellos que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025, será tramitada a través de un real decreto que evita el paso por el Congreso. Se espera que la medida se apruebe en la próxima reunión del Consejo de Ministros, y según declaraciones de miembros de Podemos, dará solución a un flujo importante de migrantes que viven en la invisibilidad administrativa.
Un informe de Funcas estima que existen 840,000 inmigrantes irregulares en España, de los cuales el 60% podría beneficiarse de esta regularización. Esta regularización extraordinaria se inscribe en un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar la migración desde una perspectiva de derechos, promoviendo una discusión sobre la migración basada en la dignidad y el respeto por las personas involucradas. Además, la consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha calificado la regularización como un paso positivo, afirmando que es crucial para sectores que enfrentan problemas de mano de obra cualificada.
Los potenciales beneficiarios deberán presentar distintos documentos que demuestren su permanencia en España, como certificados de empadronamiento, informes médicos, o incluso billetes de transporte. La medida también suspenderá de manera automática cualquier procedimiento de retorno o orden de expulsión mientras esté en trámite la solicitud. De ser admitida, se otorgará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a la atención sanitaria pública.
Esta decisión del gobierno responde tanto a un compromiso con los derechos de los migrantes como a las estrategias políticas del Ejecutivo para consolidar su mayoría parlamentaria. La regularización se ha vuelto un tema candente, especialmente a la luz de un reciente repunte en la violencia contra trabajadores de servicios de emergencias, como los sanitarios del SAMUR, que han visto un incremento en las agresiones mientras realizan su trabajo en la vía pública. La presión social y las reivindicaciones de grupos como Podemos y diversas organizaciones civiles han sido fundamentales para la concreción de esta medida.
Finalmente, a medida que se avanza en esta nueva política migratoria, surge un apremiante llamado a garantizar una integración efectiva de los migrantes en el mercado laboral y a abordar la grave problemática del 'brain waste', donde muchos migrantes altamente cualificados se ven forzados a aceptar trabajos que no se alinean con su formación profesional. Las proyecciones indican que esta regularización no solo beneficiará a los migrantes, sino que podría revitalizar sectores económicos en falta de mano de obra.