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El Gobierno aprueba la reforma clave de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que transfiere la instrucción penal a los fiscales
Esta reforma, que limita la acción popular y establece un nuevo marco para la Fiscalía, se someterá a votación en el Congreso para su entrada en vigor en 2028.
Publicado: 27 de octubre de 2025, 07:44
El Consejo de Ministros de España tiene programada la aprobación de una reforma histórica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) este martes. Esta iniciativa transformadora, que no se lleva a cabo desde hace 143 años, tiene como principal novedad la transferencia de la instrucción penal de los jueces a los fiscales. A la luz de esta reforma, la dirección de las investigaciones pasará a estar en manos de los fiscales, quienes serán los responsables de investigar delitos, desplazando a los jueces de esta función crucial en el proceso penal.
El proyecto de ley incluye varios cambios significativos, como la ampliación del mandato del fiscal general del Estado de cuatro a cinco años, lo que desvincula su mandato del ciclo político y evita influencias del Gobierno. Asimismo, se limita la acción popular, excluyendo a partidos políticos y sindicatos de su capacidad para presentar acusaciones, lo que busca mitigar el uso estratégico de estas acciones en casos políticos y asegura que solo puedan ejercerla las personas jurídicas públicas con un vínculo legitimado al caso. La nueva legislación define claramente tres fases en el proceso penal: investigación, intermedia y enjuiciamiento, siendo un juez de garantías el encargado de velar por los derechos de los investigados.
El Gobierno espera que esta reforma se alinee con los modelos de otros países europeos y facilite una cooperación judicial más ágil y efectiva. Aparte de la creación de la figura del “fiscal investigador”, la reforma introduce un nuevo sistema en el que el juez de garantías controlará el cumplimiento de derechos fundamentales, autorizando medidas cautelares como registros y escuchas, lo cual refuerza la protección de los derechos de los acusados y las víctimas. Durante la investigación, estas medidas seguirán requiriendo autorización judicial, lo que preserva un equilibrio entre la acción del fiscal y el control judicial.
A pesar del respaldo gubernamental, se anticipa que el proceso legislativo en el Parlamento será complicado, dado que el Gobierno necesita negociar con socios políticos para la aprobación final. La nueva estructura permitirá una mayor autonomía de los fiscales en la investigación de delitos, un cambio que muchos juristas habían reclamado como necesario para modernizar el sistema judicial español, equiparándolo al de otros países europeos como Francia o el modelo que se aplica en la Fiscalía Europea y la de Menores. La entrada en vigor de la ley está programada para el 1 de enero de 2028, asegurando que no afectará a los procedimientos en curso antes de esa fecha.
El proyecto de ley incluye varios cambios significativos, como la ampliación del mandato del fiscal general del Estado de cuatro a cinco años, lo que desvincula su mandato del ciclo político y evita influencias del Gobierno. Asimismo, se limita la acción popular, excluyendo a partidos políticos y sindicatos de su capacidad para presentar acusaciones, lo que busca mitigar el uso estratégico de estas acciones en casos políticos y asegura que solo puedan ejercerla las personas jurídicas públicas con un vínculo legitimado al caso. La nueva legislación define claramente tres fases en el proceso penal: investigación, intermedia y enjuiciamiento, siendo un juez de garantías el encargado de velar por los derechos de los investigados.
El Gobierno espera que esta reforma se alinee con los modelos de otros países europeos y facilite una cooperación judicial más ágil y efectiva. Aparte de la creación de la figura del “fiscal investigador”, la reforma introduce un nuevo sistema en el que el juez de garantías controlará el cumplimiento de derechos fundamentales, autorizando medidas cautelares como registros y escuchas, lo cual refuerza la protección de los derechos de los acusados y las víctimas. Durante la investigación, estas medidas seguirán requiriendo autorización judicial, lo que preserva un equilibrio entre la acción del fiscal y el control judicial.
A pesar del respaldo gubernamental, se anticipa que el proceso legislativo en el Parlamento será complicado, dado que el Gobierno necesita negociar con socios políticos para la aprobación final. La nueva estructura permitirá una mayor autonomía de los fiscales en la investigación de delitos, un cambio que muchos juristas habían reclamado como necesario para modernizar el sistema judicial español, equiparándolo al de otros países europeos como Francia o el modelo que se aplica en la Fiscalía Europea y la de Menores. La entrada en vigor de la ley está programada para el 1 de enero de 2028, asegurando que no afectará a los procedimientos en curso antes de esa fecha.