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El Gobierno aprueba el Estatuto del Becario para regular las prácticas no laborales en España
El nuevo marco legal busca proteger los derechos de los practicantes e impedir la explotación laboral bajo un supuesto estatus de formación.
Publicado: 7 de noviembre de 2025, 21:25
El 4 de noviembre, el Consejo de Ministros de España aprobó el 'Estatuto del Becario', un anteproyecto de ley que busca regular las prácticas no laborales en empresas. Esta norma responde a la demanda de protección para quienes realizan prácticas en organismos públicos y privados, evitando la explotación laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que el objetivo es diferenciar actividades formativas de laborales, evitando que las prácticas sustituyan a empleados remunerados.
El Estatuto redefine el término 'becario' a 'persona en prácticas formativas no laborales' y establece límites sobre la cantidad de becarios en relación a la plantilla, que no podrá superar el 20%. Las empresas deberán compensar gastos relacionados con las prácticas, garantizando que no haya costos para los estudiantes. Además, se otorgarán derechos similares a los trabajadores, como descansos y prestaciones por desempleo al finalizar el contrato.
La Inspección de Trabajo supervisará el cumplimiento del Estatuto, con sanciones de hasta 225,000 euros para quienes incumplan. Este marco legal busca eliminar el 'falso becario' y asegurar un entorno de formación que respete los derechos de los jóvenes. Sin embargo, enfrenta retos, ya que algunos actores, como rectores universitarios, se oponen a ciertas medidas.
El Estatuto redefine el término 'becario' a 'persona en prácticas formativas no laborales' y establece límites sobre la cantidad de becarios en relación a la plantilla, que no podrá superar el 20%. Las empresas deberán compensar gastos relacionados con las prácticas, garantizando que no haya costos para los estudiantes. Además, se otorgarán derechos similares a los trabajadores, como descansos y prestaciones por desempleo al finalizar el contrato.
La Inspección de Trabajo supervisará el cumplimiento del Estatuto, con sanciones de hasta 225,000 euros para quienes incumplan. Este marco legal busca eliminar el 'falso becario' y asegurar un entorno de formación que respete los derechos de los jóvenes. Sin embargo, enfrenta retos, ya que algunos actores, como rectores universitarios, se oponen a ciertas medidas.