Progresista 90.8%Conservador 9.2%
El Gobierno aprueba el Estatuto del Becario buscando mejorar las condiciones de prácticas no laborales en España
La norma, tras un largo proceso de diálogo social, establece derechos y obligaciones para los becarios, pero enfrenta resistencia política.
Publicado: 4 de noviembre de 2025, 20:26
El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como Estatuto del Becario. Esta esperada normativa, que estuvo bloqueada durante casi dos años, busca regular las condiciones de los estudiantes en prácticas, quienes se enfrentan a situaciones de abuso y precariedad laboral. El Estatuto establece que las prácticas deben ser formativas y no utilizadas para sustituir a trabajadores.
Entre las principales medidas se incluyen cambios en la duración y compensación de las prácticas. La duración máxima de las prácticas extracurriculares se limita a 480 horas y las empresas están obligadas a compensar los gastos de los alumnos en prácticas. Sin embargo, no se exige un salario fijo, lo que ha generado críticas entre los estudiantes. El nuevo marco también incluye un régimen sancionador por incumplimientos, con multas que podrían llegar a 225.000 euros.
A pesar de las medidas progresivas, el Estatuto enfrenta desafíos significativos en su camino legislativo, con oposición de partidos como el PP y Vox, además de la falta de apoyo de la patronal. El texto deberá someterse a enmiendas en el Congreso, lo que podría complicar su aprobación final, creando un panorama incierto sobre el futuro del empleo juvenil en el país.
Entre las principales medidas se incluyen cambios en la duración y compensación de las prácticas. La duración máxima de las prácticas extracurriculares se limita a 480 horas y las empresas están obligadas a compensar los gastos de los alumnos en prácticas. Sin embargo, no se exige un salario fijo, lo que ha generado críticas entre los estudiantes. El nuevo marco también incluye un régimen sancionador por incumplimientos, con multas que podrían llegar a 225.000 euros.
A pesar de las medidas progresivas, el Estatuto enfrenta desafíos significativos en su camino legislativo, con oposición de partidos como el PP y Vox, además de la falta de apoyo de la patronal. El texto deberá someterse a enmiendas en el Congreso, lo que podría complicar su aprobación final, creando un panorama incierto sobre el futuro del empleo juvenil en el país.