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El Gobierno acelera la reducción de jornada laboral en medio de tensiones con Junts antes de votación clave en el Congreso
A pesar del riesgo de rechazo, el Ejecutivo busca imponer su agenda laboral y ganar terreno político frente a la oposición.
Publicado: 30 de junio de 2025, 07:07
En los próximos días, el Congreso de los Diputados debe enfrentar un debate crucial sobre la ley de reducción de la jornada laboral en España, que disminuiría de 40 a 37,5 horas semanales. La iniciativa es impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien está decidida a llevar el proyecto a votación el 22 de julio, aunque enfrenta oposición del partido independentista Junts, que pretende presentar una enmienda que podría frenar la propuesta.
La estrategia del Gobierno es forzar el debate, argumentando que las derrotas pueden transformarse en victorias políticas, con la idea de que los partidos opositores que voten en contra, como Junts y el PP, pueden verse perjudicados ante la opinión pública. A pesar de los esfuerzos de Yolanda Díaz para acercar posturas con Junts, las negociaciones han sido tensas y el partido se opone a la ley argumentando que no considera las realidades de las pequeñas y medianas empresas en Cataluña.
El tiempo apremia, y la votación del 22 de julio no solo definirá el futuro de la reducción de jornada, sino también la percepción pública sobre la capacidad del Gobierno para efectuar cambios significativos en la legislación frente a una oposición cada vez más desafiante.
La estrategia del Gobierno es forzar el debate, argumentando que las derrotas pueden transformarse en victorias políticas, con la idea de que los partidos opositores que voten en contra, como Junts y el PP, pueden verse perjudicados ante la opinión pública. A pesar de los esfuerzos de Yolanda Díaz para acercar posturas con Junts, las negociaciones han sido tensas y el partido se opone a la ley argumentando que no considera las realidades de las pequeñas y medianas empresas en Cataluña.
El tiempo apremia, y la votación del 22 de julio no solo definirá el futuro de la reducción de jornada, sino también la percepción pública sobre la capacidad del Gobierno para efectuar cambios significativos en la legislación frente a una oposición cada vez más desafiante.