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El fiscal general Álvaro García Ortiz recurre su procesamiento por revelación de secretos en un caso vinculado a Isabel Díaz Ayuso
Su defensa asegura que no hay pruebas que sustentan las acusaciones y que la información en cuestión ya había sido divulgada previamente.
Publicado: 18 de junio de 2025, 19:18
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo contra su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. González Amador ha solicitado al tribunal que condenen a García Ortiz a cuatro años de prisión, inhabilitación y una multa de 108.000 euros, reclamando haber sufrido daños irreparables a su intimidad y honor debido a la revelación del contenido de un correo electrónico que admitía delitos fiscales. García Ortiz sostiene que las conclusiones del juez son ilógicas y que no hay verdaderos indicios de que él filtrara información confidencial, ya que esta ya había sido divulgada previamente.
La defensa argumenta que la información sobre las negociaciones con la Fiscalía fue difundida antes por González Amador y su entorno, y critica que el juez no considerara ciertos hechos que inoculan las acusaciones. García Ortiz enfatiza que la acusación se basa en especulaciones y carece de pruebas concretas, destacando que la revelación no puede ser considerada un delito tras ser divulgada.
La disputa pone sobre la mesa la necesidad de indicios en la fase de instrucción del proceso penal, y ha generado un intenso debate, reflejando posiciones divergentes en el ámbito político entre el Gobierno y la oposición sobre la naturaleza de las pruebas necesarias para continuar con la causa. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también ha solicitado una condena de seis años de cárcel y doce de inhabilitación para García Ortiz, argumentando que los delitos cometidos han perjudicado gravemente la reputación de la Fiscalía.
La defensa argumenta que la información sobre las negociaciones con la Fiscalía fue difundida antes por González Amador y su entorno, y critica que el juez no considerara ciertos hechos que inoculan las acusaciones. García Ortiz enfatiza que la acusación se basa en especulaciones y carece de pruebas concretas, destacando que la revelación no puede ser considerada un delito tras ser divulgada.
La disputa pone sobre la mesa la necesidad de indicios en la fase de instrucción del proceso penal, y ha generado un intenso debate, reflejando posiciones divergentes en el ámbito político entre el Gobierno y la oposición sobre la naturaleza de las pruebas necesarias para continuar con la causa. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también ha solicitado una condena de seis años de cárcel y doce de inhabilitación para García Ortiz, argumentando que los delitos cometidos han perjudicado gravemente la reputación de la Fiscalía.