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El expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido en investigación por corrupción relacionada con el Fondo de Desarrollo Indígena
La aprehensión de Arce ha generado reacciones políticas y cuestionamientos sobre el procedimiento legal utilizado en su detención.
Publicado: 11 de diciembre de 2025, 14:07
En un desarrollo inesperado en la política boliviana, el expresidente Luis Arce fue detenido en La Paz el miércoles 10 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena. La acción fue llevada a cabo por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a pedido de la Fiscalía, que busca esclarecer irregularidades durante la gestión de Arce como ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Edmand Lara, actual vicepresidente de Bolivia, felicitó públicamente a la policía por la detención, reafirmando la intención del gobierno de luchar contra la corrupción. Sin embargo, la detención ha generado controversia, ya que María Nela Prada, exministra de la Presidencia, criticó las circunstancias del arresto, indicando que Arce no fue notificado ni convocado formalmente antes de su detención.
Arce, quien gobernó Bolivia hasta el 8 de noviembre de 2025, se enfrenta a acusaciones de malos manejos de fondos públicos. La situación ha desatado una serie de reacciones políticas y ha provocando un amplio debate sobre la legitimidad del procedimiento, poniendo a prueba la política anticorrupción del actual gobierno.
Edmand Lara, actual vicepresidente de Bolivia, felicitó públicamente a la policía por la detención, reafirmando la intención del gobierno de luchar contra la corrupción. Sin embargo, la detención ha generado controversia, ya que María Nela Prada, exministra de la Presidencia, criticó las circunstancias del arresto, indicando que Arce no fue notificado ni convocado formalmente antes de su detención.
Arce, quien gobernó Bolivia hasta el 8 de noviembre de 2025, se enfrenta a acusaciones de malos manejos de fondos públicos. La situación ha desatado una serie de reacciones políticas y ha provocando un amplio debate sobre la legitimidad del procedimiento, poniendo a prueba la política anticorrupción del actual gobierno.