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El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol condenado a 5 años de prisión por obstrucción y cargos de ley marcial

El tribunal también absolvió a Yoon de falsificación de documentos en el marco de su polémica ley marcial de 2024.

Publicado: 16 de enero de 2026, 16:09

En un giro significativo en la política surcoreana, el ex presidente Yoon Suk Yeol ha sido condenado a cinco años de prisión por un tribunal en Seúl. Esta decisión se produce en el contexto de su intento de declarar la ley marcial en diciembre de 2024, un evento que desató una grave crisis política en Corea del Sur. Yoon fue encontrado culpable de obstrucción a la justicia, siendo declarado responsable de impedir la detención de investigadores y de excluir a miembros clave de su gabinete durante la planificación de la ley marcial.

El tribunal consideró las acciones de Yoon como una violación grave de su deber constitucional de defender el estado de derecho. A pesar de enfrentarse a acusaciones severas, incluyendo la pena de muerte por insurrección, fue absuelto del cargo de falsificación de documentos por falta de pruebas. Esta sentencia es la más leve de las imputaciones ya que el fiscal ha solicitado la pena capital por los delitos más graves que enfrenta. Las implicaciones de la ley marcial incluyeron la movilización de fuerzas militares y protestas masivas, resultando en su destitución por parte del Tribunal Constitucional y nuevas elecciones.

También se ha solicitado una pena de 15 años de prisión para el exministro del Interior, Lee Sang Min, quien fue acusado de contribuir a la crisis mediante su inacción. El tribunal determinó que Yoon vulneró los derechos de varios ministros, al no notificarlos sobre reuniones clave referentes a la declaración de la ley marcial, únicamente convocando a aquellos que consideraba leales. A medida que avanza el proceso judicial, existe la posibilidad de más juicios y condenas, y Yoon y su defensa planean apelar la sentencia. El tribunal ha señalado que Yoon abusó de su influencia presidencial para obstruir órdenes judiciales legítimas y que la gravedad de sus delitos es "muy elevada".