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El ex-empleado del sistema de justicia Christian LF, líder xenófobo, involucrado en disturbios en Torre Pacheco genera alarma por posible acceso a datos sensibles.
La Conselleria de Justicia asegura que no tenía acceso a información de menores, mientras el sindicato Sicap Fepol solicita una investigación interna.
Publicado: 4 de septiembre de 2025, 20:14
Christian LF, vinculado al movimiento supremacista 'Deport Them Now UE', ha sido denunciado por instigar disturbios racistas en Torre Pacheco, lo que ha desatado un debate sobre su pasado laboral en el sistema de justicia catalán. Arrestado el 14 de julio, trabajó en el Centro Educativo de Justícia Can Llupià y en la cárcel de Quatre Camins entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Aunque el departamento de Justicia asegura que no tuvo acceso a datos de menores, el sindicato Sicap Fepol ha expresado dudas sobre la seguridad en el manejo de información sensible, lo que podría representar un riesgo para colectivos vulnerables.
El sindicato ha solicitado una investigación interna para averiguar posibles brechas de seguridad que pudieran haber permitido a Christian LF acceder a datos confidenciales. Mientras tanto, el departamento de Justicia defiende que no tenían conocimiento de la vinculación de LF con grupos radicales hasta su arresto y que siempre respetan altos estándares proteccionistas de datos. La situación ha motivado llamados para mejorar los protocolos de seguridad en el sistema de justicia para prevenir que personas con antecedentes cuestionables tengan acceso a información crítica sobre menores y otros colectivos vulnerables bajo custodia estatal.
A medida que avanza este caso, las preocupaciones sobre el manejo de datos dentro del sistema de justicia se profundizan, alimentando la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad y vigilancia para proteger a los menores en custodia.
El sindicato ha solicitado una investigación interna para averiguar posibles brechas de seguridad que pudieran haber permitido a Christian LF acceder a datos confidenciales. Mientras tanto, el departamento de Justicia defiende que no tenían conocimiento de la vinculación de LF con grupos radicales hasta su arresto y que siempre respetan altos estándares proteccionistas de datos. La situación ha motivado llamados para mejorar los protocolos de seguridad en el sistema de justicia para prevenir que personas con antecedentes cuestionables tengan acceso a información crítica sobre menores y otros colectivos vulnerables bajo custodia estatal.
A medida que avanza este caso, las preocupaciones sobre el manejo de datos dentro del sistema de justicia se profundizan, alimentando la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad y vigilancia para proteger a los menores en custodia.