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El Estado y la Iglesia firman un acuerdo para reparaciones a víctimas de pederastia: detalles y reacciones
Las víctimas celebran la intervención del Estado en las indemnizaciones, pero piden claridad sobre los baremos de compensación.
Publicado: 13 de enero de 2026, 15:02
El reciente acuerdo firmado entre el gobierno español y la Iglesia Católica para reparar a las víctimas de abusos sexuales ha sido recibido con un sentimiento de esperanza y escepticismo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó que el acuerdo representa una 'reparación y reconocimiento' a las víctimas, que podrán presentar sus solicitudes a una nueva unidad creada por el Estado. La Iglesia financiará las reparaciones, mientras que el Estado definirá las indemnizaciones a discutir con representantes de las víctimas.
Las reacciones de las víctimas han sido diversas, con algunos celebrando la gestión estatal de las indemnizaciones tras experiencias negativas con la Iglesia. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la falta de claridad en los baremos de indemnización, lo que ha llevado a exigencias de criterios claros y justos para evitar conflictos futuros. Aunque el acuerdo podría llegar 'tarde', también se espera que sea retroactivo, beneficiando a las víctimas cuyos casos han prescrito.
El acuerdo marca sólo el primer paso hacia la reparación de un daño profundo, y muchos observan cómo se implementará en un contexto de creciente presión social por justicia y transparencia.
Las reacciones de las víctimas han sido diversas, con algunos celebrando la gestión estatal de las indemnizaciones tras experiencias negativas con la Iglesia. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la falta de claridad en los baremos de indemnización, lo que ha llevado a exigencias de criterios claros y justos para evitar conflictos futuros. Aunque el acuerdo podría llegar 'tarde', también se espera que sea retroactivo, beneficiando a las víctimas cuyos casos han prescrito.
El acuerdo marca sólo el primer paso hacia la reparación de un daño profundo, y muchos observan cómo se implementará en un contexto de creciente presión social por justicia y transparencia.