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El CSN pronto presentará un informe clave para la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, afectando al futuro energético de España
La central, que representa casi el 7% del consumo eléctrico del país, se encuentra en un dilema entre su cierre o prórroga hasta 2030.
Publicado: 28 de enero de 2026, 08:36
La central nuclear de Almaraz, situada en Cáceres, se enfrenta a un punto decisivo en su futuro, ya que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está preparando un informe sobre la viabilidad de extender su funcionamiento hasta 2030. Este informe podría presentarse tan pronto como en mayo, a pesar de que la normativa establece que el plazo máximo es hasta septiembre de 2027 para emitir tal evaluación.
La prórroga de la operación de Almaraz involucra no solo aspectos técnicos, sino también implicaciones políticas y económicas significativas. Su cierre planeado para 2027 podría tener repercusiones en el empleo y la actividad económica local, así como en la credibilidad del sistema energético español. Juan Carlos Lentijo, presidente del CSN, ha previsto que las empresas deben entregar toda la información necesaria antes del 18 de febrero para que el informe sea elaborado a tiempo.
El debate sobre la prórroga ha expuesto un considerable déficit de transparencia por parte del Gobierno. A medida que la prórroga parece ser la única opción viable, surgen preocupaciones sobre la falta de información respecto a los planes de reactivación económica que deberían acompañar el eventual cierre de la planta, incrementando la presión sobre las autoridades para actuar y transparentar el proceso.
La prórroga de la operación de Almaraz involucra no solo aspectos técnicos, sino también implicaciones políticas y económicas significativas. Su cierre planeado para 2027 podría tener repercusiones en el empleo y la actividad económica local, así como en la credibilidad del sistema energético español. Juan Carlos Lentijo, presidente del CSN, ha previsto que las empresas deben entregar toda la información necesaria antes del 18 de febrero para que el informe sea elaborado a tiempo.
El debate sobre la prórroga ha expuesto un considerable déficit de transparencia por parte del Gobierno. A medida que la prórroga parece ser la única opción viable, surgen preocupaciones sobre la falta de información respecto a los planes de reactivación económica que deberían acompañar el eventual cierre de la planta, incrementando la presión sobre las autoridades para actuar y transparentar el proceso.