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El crecimiento económico en España impulsa la llegada de trabajadores extranjeros, pero las desigualdades sociales persisten
A pesar del aumento del empleo y del salario mínimo, muchos ciudadanos sienten que su situación económica no mejora.
Publicado: 30 de junio de 2025, 12:27
En los últimos años, España ha experimentado un notable crecimiento económico, impulsado en gran medida por un auge en la llegada de trabajadores extranjeros, especialmente de Latinoamérica. Desde 2019, esta comunidad ha sido responsable de la creación de la mitad de los nuevos empleos para migrantes, lo que ha duplicado el número de latinoamericanos afiliados a la Seguridad Social, alcanzando casi un millón en 2025.
A pesar del incremento del salario mínimo en un 61% desde 2018, el 90% de los ciudadanos percibe una pérdida de poder adquisitivo, reflejando una desigualdad social persistente. Esta situación se ve acentuada por la pobreza infantil y la dificultad de muchas familias para cubrir sus necesidades básicas, lo que ha llevado a movilizaciones sociales en demanda de cambios.
El aumento en la llegada de trabajadores latinoamericanos responde a los lazos culturales y lingüísticos con España, pero también enfrenta desafíos como la falta de cualificación y condiciones laborales precarias. Los problemas económicos en el país requieren atención, ya que los avances en empleo no se traducen de forma equitativa en bienestar social. Además, las cifras recientes muestran un aumento en el número de españoles que consideran que la llegada de inmigrantes no beneficia al mercado laboral, en medio de un clima de preocupación por la cohesión social.
En este contexto, la reciente gestión del Gobierno respecto al caso de corrupción que involucra a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha añadido una capa de incertidumbre. La prisión provisional sin fianza de Cerdán, decretada por el Tribunal Supremo debido a su papel en una supuesta trama de delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, ha resonado en los discursos sobre la integridad institucional en un momento en el que el Ejecutivo busca mantener el apoyo popular. Su encarcelamiento ha llevado a cuestionamientos sobre la dirección del PSOE y ha obligado a los líderes a reforzar su compromiso en la lucha contra la corrupción, lo que se ha visto como una respuesta necesaria ante las demandas de los ciudadanos por mayores controles y accountability.
A pesar del incremento del salario mínimo en un 61% desde 2018, el 90% de los ciudadanos percibe una pérdida de poder adquisitivo, reflejando una desigualdad social persistente. Esta situación se ve acentuada por la pobreza infantil y la dificultad de muchas familias para cubrir sus necesidades básicas, lo que ha llevado a movilizaciones sociales en demanda de cambios.
El aumento en la llegada de trabajadores latinoamericanos responde a los lazos culturales y lingüísticos con España, pero también enfrenta desafíos como la falta de cualificación y condiciones laborales precarias. Los problemas económicos en el país requieren atención, ya que los avances en empleo no se traducen de forma equitativa en bienestar social. Además, las cifras recientes muestran un aumento en el número de españoles que consideran que la llegada de inmigrantes no beneficia al mercado laboral, en medio de un clima de preocupación por la cohesión social.
En este contexto, la reciente gestión del Gobierno respecto al caso de corrupción que involucra a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha añadido una capa de incertidumbre. La prisión provisional sin fianza de Cerdán, decretada por el Tribunal Supremo debido a su papel en una supuesta trama de delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, ha resonado en los discursos sobre la integridad institucional en un momento en el que el Ejecutivo busca mantener el apoyo popular. Su encarcelamiento ha llevado a cuestionamientos sobre la dirección del PSOE y ha obligado a los líderes a reforzar su compromiso en la lucha contra la corrupción, lo que se ha visto como una respuesta necesaria ante las demandas de los ciudadanos por mayores controles y accountability.