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El Consejo de Seguridad Nuclear evalúa la prórroga de la central de Almaraz mientras se intensifican las presiones políticas y económicas
El CSN define su estrategia ante la solicitud de las eléctricas para extender la vida de la planta hasta 2030 tras diversos retrasos y cambios administrativos.
Publicado: 12 de diciembre de 2025, 19:58
La central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres, ha adquirido notoriedad en el panorama energético español debido a la solicitud de Iberdrola, Endesa y Naturgy para extender su funcionamiento hasta junio de 2030. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha indicado que tomará una decisión final post-evaluación rigurosa de la seguridad, aunque ha pospuesto los plazos de deliberación hasta ahora.
El CSN necesita emitir un informe sobre la prórroga a ser enviado al Ministerio para la Transición Ecológica, generando presión sobre las empresas y reguladores, especialmente con las licencias de la planta caducando en 2027 y 2028. Recientemente, se ha informado que solo uno de los cinco consejeros podría votar en contra de la prórroga, lo que ha creado expectativas optimistas en el sector eléctrico. En concreto, los cinco miembros del Pleno del CSN son Juan Carlos Lentijo (presidente), Pilar Lucio (vicepresidenta), Javier Dies, Silvia Calzón y Francisco Castejón (consejeros), siendo este último el que, según fuentes del sector, podría expresar su oposición.
A pesar de la presión, el CSN ha decidido aplazar su primera decisión sobre la ampliación de la vida de la planta, programando una revisión para otro pleno en el futuro próximo. Este aplazamiento se produce en un contexto político complicado a puertas de las elecciones autonómicas en Extremadura, donde la discusión sobre el futuro energético se ha vuelto un tema relevante. Las empresas enfrentan el desafío de asegurar el suministro energético mientras cumplen con estrictas condiciones para cualquier extensión de vida operativa. De acuerdo con la normativa, el CSN tiene hasta el 1 de septiembre de 2027 para emitir su informe sobre la prórroga, aunque las eléctricas deben tomar decisiones sobre la compra de combustible antes de marzo de 2026, debido a que la planificación exige un plazo de 18 meses.
Uno de los factores que también influye es la promesa del Ejecutivo extremeño de reducir progresivamente la tasa regional que paga Almaraz, actualmente superior a 80 millones de euros anuales, en un 50% para 2029. Sin embargo, esta promesa está sujeta a incertidumbres debido a los próximos comicios autonómicos, lo que añade otra capa de complejidad al proceso. El futuro de Almaraz dependerá en gran medida de la evaluación técnica del CSN, por lo que las decisiones administrativas tienen un impacto significativo sobre la continuidad de las operaciones de la planta.
El CSN necesita emitir un informe sobre la prórroga a ser enviado al Ministerio para la Transición Ecológica, generando presión sobre las empresas y reguladores, especialmente con las licencias de la planta caducando en 2027 y 2028. Recientemente, se ha informado que solo uno de los cinco consejeros podría votar en contra de la prórroga, lo que ha creado expectativas optimistas en el sector eléctrico. En concreto, los cinco miembros del Pleno del CSN son Juan Carlos Lentijo (presidente), Pilar Lucio (vicepresidenta), Javier Dies, Silvia Calzón y Francisco Castejón (consejeros), siendo este último el que, según fuentes del sector, podría expresar su oposición.
A pesar de la presión, el CSN ha decidido aplazar su primera decisión sobre la ampliación de la vida de la planta, programando una revisión para otro pleno en el futuro próximo. Este aplazamiento se produce en un contexto político complicado a puertas de las elecciones autonómicas en Extremadura, donde la discusión sobre el futuro energético se ha vuelto un tema relevante. Las empresas enfrentan el desafío de asegurar el suministro energético mientras cumplen con estrictas condiciones para cualquier extensión de vida operativa. De acuerdo con la normativa, el CSN tiene hasta el 1 de septiembre de 2027 para emitir su informe sobre la prórroga, aunque las eléctricas deben tomar decisiones sobre la compra de combustible antes de marzo de 2026, debido a que la planificación exige un plazo de 18 meses.
Uno de los factores que también influye es la promesa del Ejecutivo extremeño de reducir progresivamente la tasa regional que paga Almaraz, actualmente superior a 80 millones de euros anuales, en un 50% para 2029. Sin embargo, esta promesa está sujeta a incertidumbres debido a los próximos comicios autonómicos, lo que añade otra capa de complejidad al proceso. El futuro de Almaraz dependerá en gran medida de la evaluación técnica del CSN, por lo que las decisiones administrativas tienen un impacto significativo sobre la continuidad de las operaciones de la planta.