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El Consejo de Ministros aprueba una significativa reforma de las leyes de dependencia y discapacidad con el objetivo de mejorar derechos y atenciones
La nueva normativa busca eliminar incompatibilidades en prestaciones y reconoce la teleasistencia como derecho subjetivo.
Publicado: 15 de julio de 2025, 12:10
El Consejo de Ministros de España ha aprobado una reforma de las leyes de dependencia y discapacidad para ampliar derechos y mejorar la atención a las personas con dependencia. Entre las modificaciones se incluye la eliminación del régimen de incompatibilidades entre prestaciones y la consideración de la teleasistencia como un derecho subjetivo. Todos aquellos que obtengan un grado II y III de dependencia tendrán reconocido automáticamente el 65% de discapacidad, y se contempla también un reconocimiento automático del 33% de discapacidad para personas con grado I de dependencia. La reforma llega en un contexto de envejecimiento poblacional y busca garantizar un envejecimiento digno para las personas mayores.
Además, se ha incrementado la financiación para dependencia en un 150% desde 2018, aunque persisten preocupaciones sobre la falta de recursos para implementar las reformas adecuadamente. El Gobierno destinará 780 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar los servicios de atención a la dependencia, en un esfuerzo por avanzar hacia un sistema más centrado en las necesidades y preferencias de los usuarios. El ministro Pablo Bustinduy ha destacado que se busca mejorar no solo los derechos de las personas dependientes, sino también crear un marco más inclusivo en la sociedad española.
Paralelamente, se aprobó una oferta de empleo público para 2025 con más de 16,600 plazas en diversas administraciones, lo que se espera que contribuya a mejorar la prestación de servicios y el empleo en el sector público. Entre los nuevos servicios incluidos están el apoyo en viviendas compartidas y una mayor flexibilidad en las ayudas a domicilio, que permitirán que los cuidadores ayuden a los dependientes en actividades como ir al médico o hacer compras. La reforma se caracteriza por su enfoque en la reducción de la burocracia y el establecimiento de procedimientos de urgencia para aquellos que más lo necesiten. Así, se eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, lo que representa un avance significativo en la atención a las familias.
Finalmente, la legislación también promoverá la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, que financiará obras necesarias en edificios públicos y privados para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso adecuado a estos espacios, eliminando barreras físicas y cognitivas.
Además, se ha incrementado la financiación para dependencia en un 150% desde 2018, aunque persisten preocupaciones sobre la falta de recursos para implementar las reformas adecuadamente. El Gobierno destinará 780 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar los servicios de atención a la dependencia, en un esfuerzo por avanzar hacia un sistema más centrado en las necesidades y preferencias de los usuarios. El ministro Pablo Bustinduy ha destacado que se busca mejorar no solo los derechos de las personas dependientes, sino también crear un marco más inclusivo en la sociedad española.
Paralelamente, se aprobó una oferta de empleo público para 2025 con más de 16,600 plazas en diversas administraciones, lo que se espera que contribuya a mejorar la prestación de servicios y el empleo en el sector público. Entre los nuevos servicios incluidos están el apoyo en viviendas compartidas y una mayor flexibilidad en las ayudas a domicilio, que permitirán que los cuidadores ayuden a los dependientes en actividades como ir al médico o hacer compras. La reforma se caracteriza por su enfoque en la reducción de la burocracia y el establecimiento de procedimientos de urgencia para aquellos que más lo necesiten. Así, se eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, lo que representa un avance significativo en la atención a las familias.
Finalmente, la legislación también promoverá la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, que financiará obras necesarias en edificios públicos y privados para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso adecuado a estos espacios, eliminando barreras físicas y cognitivas.