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El Consejo de Europa condena a España por las insuficientes indemnizaciones por despido improcedente y reabre el debate sobre su reforma
La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales destaca la vulneración de la Carta Social Europea y exige un cambio en la legislación laboral española
Publicado: 27 de junio de 2025, 19:58
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha confirmado que la legislación española sobre despido improcedente incumple la Carta Social Europea. En un fallo tras una denuncia del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), el CEDS sostiene que las indemnizaciones actuales son insuficientes y no disuasorias para los empleadores, facilitando despidos injustificados. La resolución detalla que los límites de indemnización establecidos no garantizan compensaciones adecuadas, y los trabajadores temporales suelen recibir indemnizaciones inferiores a los fijos, lo que se considera discriminación. El Comité reclama más facultades para los tribunales en casos de readmisión.
La presión aumenta sobre el Gobierno español para reformar la legislación laboral, ya que las resoluciones del CEDS requieren respuestas políticas firmes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido un diálogo social para abordar la reforma, enfatizando que las medidas deben cumplir con requisitos internacionales y proteger a los trabajadores. Sin embargo, se anticipan desafíos debido a diferencias internas en el Gobierno y dificultades parlamentarias que podrían obstaculizar cualquier cambio.
Este fallo no solo subraya la necesidad de mejorar las condiciones laborales, sino que también plantea un debate urgente sobre políticas de empleo y justicia social, en un contexto europeo que exige equidad y protección para los trabajadores.
La presión aumenta sobre el Gobierno español para reformar la legislación laboral, ya que las resoluciones del CEDS requieren respuestas políticas firmes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido un diálogo social para abordar la reforma, enfatizando que las medidas deben cumplir con requisitos internacionales y proteger a los trabajadores. Sin embargo, se anticipan desafíos debido a diferencias internas en el Gobierno y dificultades parlamentarias que podrían obstaculizar cualquier cambio.
Este fallo no solo subraya la necesidad de mejorar las condiciones laborales, sino que también plantea un debate urgente sobre políticas de empleo y justicia social, en un contexto europeo que exige equidad y protección para los trabajadores.