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El Congreso rechaza por segunda vez la senda de déficit mientras el Gobierno prepara nuevos presupuestos para 2026
A pesar de las derrotas en los objetivos fiscales, apoyos clave permitirán avances en proyectos sociales y el aumento salarial de los funcionarios.
Publicado: 11 de diciembre de 2025, 13:52
El Congreso de los Diputados cerró su curso legislativo del 2025 con importantes decisiones sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la senda de déficit y deuda, que el Gobierno de Pedro Sánchez había intentado aprobar sin éxito en dos ocasiones. Este jueves, se anticipa un nuevo rechazo a la senda de estabilidad fiscal, lo que plantea interrogantes sobre el impacto en la capacidad del Gobierno para presentar los PGE para el 2026.
El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, se ha comprometido a preparar los presupuestos para febrero del próximo año, aunque el gobierno ya ha enfrentado dificultades significativas con sus socios. La propuesta del Gobierno incluye unos objetivos de déficit del 2,1% del PIB en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028, que ahora podrían implementarse sin la necesidad de aprobación congresual, reflejando la dinámica política compleja y las tensiones entre los diferentes partidos.
Mientras tanto, el Gobierno ha logrado avanzar en otros aspectos importantes, como la ratificación de medidas sociales que incluyen una subida salarial del 11% para los funcionarios. El debate sobre la senda de déficit ha generado preocupaciones sobre el futuro económico de las autonomías y la estabilidad del propio Gobierno, donde el impacto de las decisiones a corto plazo puede influir significativamente en la capacidad de liderar en los próximos meses.
El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, se ha comprometido a preparar los presupuestos para febrero del próximo año, aunque el gobierno ya ha enfrentado dificultades significativas con sus socios. La propuesta del Gobierno incluye unos objetivos de déficit del 2,1% del PIB en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028, que ahora podrían implementarse sin la necesidad de aprobación congresual, reflejando la dinámica política compleja y las tensiones entre los diferentes partidos.
Mientras tanto, el Gobierno ha logrado avanzar en otros aspectos importantes, como la ratificación de medidas sociales que incluyen una subida salarial del 11% para los funcionarios. El debate sobre la senda de déficit ha generado preocupaciones sobre el futuro económico de las autonomías y la estabilidad del propio Gobierno, donde el impacto de las decisiones a corto plazo puede influir significativamente en la capacidad de liderar en los próximos meses.