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El Congreso rechaza la senda de estabilidad presupuestaria, esencial para los presupuestos de 2026, creando incertidumbre económica.
La votación, que repite un rechazo previo, tiene implicaciones significativas sobre el futuro económico y fiscal del país.
Publicado: 8 de diciembre de 2025, 23:03
El Congreso de España se enfrenta a un momento decisivo en su agenda económica, ya que se someterá a una nueva votación sobre la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2026-2028. Este debate revierte importancia crítica, dado que el rechazo de esta senda arrastra consigo serias consecuencias para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, que ya acumulan meses de retraso.
La senda de estabilidad es un documento clave que establece los objetivos de déficit y deuda para el sector público. Su rechazo implica que las cuentas deberán adaptarse a los límites fiscales pactados con Bruselas, lo cual es fundamental para garantizar la estabilidad económica del país. El Gobierno, que ya había presentado esta senda a mediados de noviembre y fue derrotado en el Congreso, ha vuelto a llevar la misma propuesta. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por acercarse a los partidos opositores, se pronostica que la nueva votación también sufrirá un resultado negativo.
El contexto legislativo no es simple. Durante la votación previa, se dio una clara división política, con 178 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que sólo 164 apoyaron la iniciativa del Gobierno, que obtiene respaldo de PSOE, Sumar, ERC, entre otros. Este escenario indica que el Gobierno necesita reevaluar su estrategia y posiblemente considerar ajustes para obtener la aprobación necesaria en un futuro. Las cifras son reveladoras: la senda aprobada originalmente establece un déficit del 2,1 % del PIB para 2026, bajando a 1,6 % para 2028. Si se aplica el plan fiscal alternativo actualmente en discusión, las comunidades autónomas enfrentarán un recorte de hasta 5.485 millones de euros entre 2026 y 2028, un golpe potente en su capacidad de gasto.
La senda de estabilidad es un documento clave que establece los objetivos de déficit y deuda para el sector público. Su rechazo implica que las cuentas deberán adaptarse a los límites fiscales pactados con Bruselas, lo cual es fundamental para garantizar la estabilidad económica del país. El Gobierno, que ya había presentado esta senda a mediados de noviembre y fue derrotado en el Congreso, ha vuelto a llevar la misma propuesta. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por acercarse a los partidos opositores, se pronostica que la nueva votación también sufrirá un resultado negativo.
El contexto legislativo no es simple. Durante la votación previa, se dio una clara división política, con 178 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que sólo 164 apoyaron la iniciativa del Gobierno, que obtiene respaldo de PSOE, Sumar, ERC, entre otros. Este escenario indica que el Gobierno necesita reevaluar su estrategia y posiblemente considerar ajustes para obtener la aprobación necesaria en un futuro. Las cifras son reveladoras: la senda aprobada originalmente establece un déficit del 2,1 % del PIB para 2026, bajando a 1,6 % para 2028. Si se aplica el plan fiscal alternativo actualmente en discusión, las comunidades autónomas enfrentarán un recorte de hasta 5.485 millones de euros entre 2026 y 2028, un golpe potente en su capacidad de gasto.