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El Congreso español ignora presiones de Bruselas y mantiene la prohibición del cabotaje en servicios de autobús internacionales
La legislación actual, bajo revisión, genera tensión entre el Gobierno y la Comisión Europea que amenaza con sanciones.
Publicado: 10 de junio de 2025, 20:14
El Congreso de España está a punto de mantener la prohibición de que los autobuses internacionales que transitan por su territorio puedan dejar y recoger pasajeros en el país. Esta decisión se da a pesar de las explícitas demandas de la Comisión Europea que considera que dicha práctica va en contra de los reglamentos europeos. El veto será confirmado en la votación relacionada con el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, donde se anticipa que se rechazarán enmiendas que proponen permitir el cabotaje, una práctica que podría mejorar la competitividad y conectar mejor a las regiones del país.
La actual legislación fue objeto de escrutinio por parte de la CE, que sostiene que la prohibición limita la libre circulación de servicios de transporte y resulta en una falta de competencia en el mercado. Grupos parlamentarios Sumar, Bildu y BNG abogan por la liberalización, argumentando que permitir el cabotaje podría beneficiar a los viajeros y mejorar la conectividad. Sin embargo, el PP y PSOE defienden retener la normativa vigente para proteger el empleo y la inversión en rutas nacionales, garantizando un servicio justo a los ciudadanos.
La CE ha manifestado que no se contempla una infracción por parte del Gobierno español, aunque el diálogo precontencioso podría llevar a sanciones. Diversos grupos han apuntado que el marco regulatorio español ha quedado obsoleto y demandan una reestructuración que permita el acceso al mercado a pequeñas y medianas empresas. La discusión sobre el cabotaje no solo se refiere a la competencia y el precio, sino también a cuestiones amplias de sostenibilidad y equidad en el acceso al transporte público.
La actual legislación fue objeto de escrutinio por parte de la CE, que sostiene que la prohibición limita la libre circulación de servicios de transporte y resulta en una falta de competencia en el mercado. Grupos parlamentarios Sumar, Bildu y BNG abogan por la liberalización, argumentando que permitir el cabotaje podría beneficiar a los viajeros y mejorar la conectividad. Sin embargo, el PP y PSOE defienden retener la normativa vigente para proteger el empleo y la inversión en rutas nacionales, garantizando un servicio justo a los ciudadanos.
La CE ha manifestado que no se contempla una infracción por parte del Gobierno español, aunque el diálogo precontencioso podría llevar a sanciones. Diversos grupos han apuntado que el marco regulatorio español ha quedado obsoleto y demandan una reestructuración que permita el acceso al mercado a pequeñas y medianas empresas. La discusión sobre el cabotaje no solo se refiere a la competencia y el precio, sino también a cuestiones amplias de sostenibilidad y equidad en el acceso al transporte público.