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El Congreso debatirá la reforma para garantizar atención al cliente en lenguas cooficiales como el catalán en España
Las enmiendas de Junts y el Gobierno buscan abordar derechos lingüísticos y mejorar la atención al cliente en el territorio nacional.
Publicado: 21 de septiembre de 2025, 11:55
El Congreso de España se prepara para examinar este martes una reforma legal que tiene como objetivo garantizar que las empresas con más de 250 trabajadores, y que facturan más de 50 millones de euros, ofrezcan servicios de atención al cliente en las lenguas cooficiales del país, como el catalán. Este proyecto de ley ha sido promovido principalmente por Junts per Catalunya, que ha introducido varias enmiendas que buscan expandir el alcance de esta norma.
La polémica se ha intensificado debido a la interpretación del alcance de la reforma. Junts sostiene que la medida debe aplicarse en todo el territorio nacional, mientras que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha afirmado que la obligación de ofrecer atención en lenguas cooficiales se limita a las regiones donde dichas lenguas son oficiales. La reforma, presentada en febrero de 2024 y que se encuentra en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, busca establecer nuevas protecciones para los consumidores, garantizando asistencia por parte de personas reales y regulando las críticas falsas en línea. El Gobierno ha indicado que se han registrado más de 200 enmiendas al proyecto, destacando la número 16 de Junts, que garantiza derechos lingüísticos en cualquier parte del país.
La enmienda ha sido apoyada por otros grupos políticos, sugiriendo que este es un tema con amplias repercusiones. Sin embargo, la oposición, especialmente el PP y Vox, ha expresado su desacuerdo, afirmando que esta medida podría generar presión sobre los servicios y la economía en comunidades donde el uso del español predomina. Ante esta controversia, Junts ha planteado que las empresas deberán responder a las consultas, quejas y reclamaciones en la lengua en la que se realizaron, mientras que la redacción inicial requería al menos respuestas en castellano.
El texto de la reforma también busca asegurar que los clientes sean atendidos preferiblemente por personas en lugar de máquinas y que no tengan que esperar más de 3 minutos para ser atendidos al hacer una reclamación. Además, se prohibirán las llamadas spam y se implementarán restricciones sobre los precios engañosos en la venta online. Así, se espera que la ponencia que analizará la reforma se reúna para comenzar a incluir las enmiendas y posterior realización de un informe que elevará el proyecto a la Comisión de Consumo y Derechos Sociales. Finalmente, el texto se enviará al Pleno para su aprobación y posterior remisión al Senado, donde continuaría el mismo proceso de tramitación.
La polémica se ha intensificado debido a la interpretación del alcance de la reforma. Junts sostiene que la medida debe aplicarse en todo el territorio nacional, mientras que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha afirmado que la obligación de ofrecer atención en lenguas cooficiales se limita a las regiones donde dichas lenguas son oficiales. La reforma, presentada en febrero de 2024 y que se encuentra en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, busca establecer nuevas protecciones para los consumidores, garantizando asistencia por parte de personas reales y regulando las críticas falsas en línea. El Gobierno ha indicado que se han registrado más de 200 enmiendas al proyecto, destacando la número 16 de Junts, que garantiza derechos lingüísticos en cualquier parte del país.
La enmienda ha sido apoyada por otros grupos políticos, sugiriendo que este es un tema con amplias repercusiones. Sin embargo, la oposición, especialmente el PP y Vox, ha expresado su desacuerdo, afirmando que esta medida podría generar presión sobre los servicios y la economía en comunidades donde el uso del español predomina. Ante esta controversia, Junts ha planteado que las empresas deberán responder a las consultas, quejas y reclamaciones en la lengua en la que se realizaron, mientras que la redacción inicial requería al menos respuestas en castellano.
El texto de la reforma también busca asegurar que los clientes sean atendidos preferiblemente por personas en lugar de máquinas y que no tengan que esperar más de 3 minutos para ser atendidos al hacer una reclamación. Además, se prohibirán las llamadas spam y se implementarán restricciones sobre los precios engañosos en la venta online. Así, se espera que la ponencia que analizará la reforma se reúna para comenzar a incluir las enmiendas y posterior realización de un informe que elevará el proyecto a la Comisión de Consumo y Derechos Sociales. Finalmente, el texto se enviará al Pleno para su aprobación y posterior remisión al Senado, donde continuaría el mismo proceso de tramitación.