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El Congreso debate una reforma para sancionar a 'pseudoperiodistas' que acosan a políticos y limitan el acceso de activistas ultras.
La reforma, impulsada por el PSOE y sus aliados, busca regular las acreditaciones de prensa y proteger la labor parlamentaria.
Publicado: 8 de julio de 2025, 12:02
El Pleno del Congreso de España se encuentra en un crucial momento de debate sobre una reforma del Reglamento que busca sancionar a aquellos considerados 'pseudoperiodistas' y limitar el acceso a activistas ultras. Este trámite ha generado una intensa controversia política, con el PP y Vox tratando de bloquear los avances de la norma.
Este martes, el Congreso tumbó el intento del PP y Vox de oponerse a la reforma, recibiendo el respaldo de 174 diputados del bloque de investidura. La reforma responde a múltiples incidentes donde periodistas acreditados han dificultado las labores parlamentarias, incluyendo interrupciones durante ruedas de prensa y acosos dirigidos a los legisladores.
Los grupos de gobierno sostienen que no se busca atacar a los verdaderos profesionales de la información, sino actuar contra quienes utilizan su acreditación para acosar. Este nuevo procedimiento establece un régimen sancionador que puede llevar a la suspensión de acreditaciones, y se prevé que la votación definitiva tenga lugar en un Pleno extraordinario que se celebrará el 22 de julio. A pesar del rechazo de las enmiendas presentadas por el PP y Vox, que consideran que la reforma representa una censura a la libertad de información, los grupos parlamentarios que apoyan la iniciativa insisten en que se busca garantizar el derecho a la información veraz y la protección del funcionamiento de la Cámara. Críticos advierten sobre el riesgo de que los activistas ultras trasladen su acoso a los domicilios de los políticos de izquierda. La reforma, también solicitada por diversas asociaciones de periodistas, busca garantizar un entorno más seguro para legisladores y periodistas, estableciendo infracciones que van desde el acceso sin autorización a espacios restringidos hasta el proferir insultos y descalificaciones.
En este contexto, la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha expresado su preocupación por la falta de apoyo de PP y Vox, quienes según ellos obstaculizan la adopción de medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo. En paralelo, PP y Vox han defendido su posición argumentando que la reforma atenta contra la libertad de prensa, haciendo hincapié en que la iniciativa no contempla sanciones por el contenido de las preguntas, sino por comportamientos que infrinjan las normas de cortesía parlamentaria. Sin embargo, la Oficina del Parlamento Europeo ha señalado la necesidad de actuar sobre quienes, con acreditaciones de prensa, dificultan el trabajo de otros medios y periodistas, resaltando el impacto de este tipo de acciones en el ejercicio de un periodismo libre y responsable.
Este martes, el Congreso tumbó el intento del PP y Vox de oponerse a la reforma, recibiendo el respaldo de 174 diputados del bloque de investidura. La reforma responde a múltiples incidentes donde periodistas acreditados han dificultado las labores parlamentarias, incluyendo interrupciones durante ruedas de prensa y acosos dirigidos a los legisladores.
Los grupos de gobierno sostienen que no se busca atacar a los verdaderos profesionales de la información, sino actuar contra quienes utilizan su acreditación para acosar. Este nuevo procedimiento establece un régimen sancionador que puede llevar a la suspensión de acreditaciones, y se prevé que la votación definitiva tenga lugar en un Pleno extraordinario que se celebrará el 22 de julio. A pesar del rechazo de las enmiendas presentadas por el PP y Vox, que consideran que la reforma representa una censura a la libertad de información, los grupos parlamentarios que apoyan la iniciativa insisten en que se busca garantizar el derecho a la información veraz y la protección del funcionamiento de la Cámara. Críticos advierten sobre el riesgo de que los activistas ultras trasladen su acoso a los domicilios de los políticos de izquierda. La reforma, también solicitada por diversas asociaciones de periodistas, busca garantizar un entorno más seguro para legisladores y periodistas, estableciendo infracciones que van desde el acceso sin autorización a espacios restringidos hasta el proferir insultos y descalificaciones.
En este contexto, la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha expresado su preocupación por la falta de apoyo de PP y Vox, quienes según ellos obstaculizan la adopción de medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo. En paralelo, PP y Vox han defendido su posición argumentando que la reforma atenta contra la libertad de prensa, haciendo hincapié en que la iniciativa no contempla sanciones por el contenido de las preguntas, sino por comportamientos que infrinjan las normas de cortesía parlamentaria. Sin embargo, la Oficina del Parlamento Europeo ha señalado la necesidad de actuar sobre quienes, con acreditaciones de prensa, dificultan el trabajo de otros medios y periodistas, resaltando el impacto de este tipo de acciones en el ejercicio de un periodismo libre y responsable.