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El Congreso convalida siete decretos de ayudas y medidas sociales
La Diputación Permanente aprueba por unanimidad el decreto de ayudas por Urda y convalida el resto de normas entre críticas de la oposición por su proximidad a las elecciones.
Publicado: 19 de noviembre de 2026, 08:02
La Diputación Permanente del Congreso convalidó este miércoles siete decretos ley del Gobierno que incluyen ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda, medidas de seguridad en el tren, financiación para Ceuta y actuaciones sociales y frente a la dana Adam. El debate estuvo marcado por las acusaciones de electoralismo del PP y Vox, a diez días de las elecciones.
La Diputación Permanente asume la votación de los decretos tras la disolución de las Cortes. Estas normas entran en vigor con su publicación en el BOE, pero deben votarse en un plazo de 30 días para decidir si se convalidan o derogan. Los ministros defendieron la urgencia de las medidas y la necesidad de aplicarlas sin esperar a la constitución de las nuevas Cámaras.
El decreto de ayudas por el accidente ferroviario de Urda, ocurrido el 28 de octubre en Toledo y en el que murieron 69 personas, recibió el apoyo unánime de los 69 diputados presentes. La norma moviliza 30 millones de euros: 15 millones en ayudas directas y otros 15 como anticipos del seguro de responsabilidad civil.
La ayuda directa por fallecimiento es de 72.121,46 euros, mientras que las cuantías por lesiones varían según su gravedad, desde 2.404,04 euros hasta más de 84.141,7 euros. La indemnización total por fallecimiento asciende a 144.242 euros y la prevista por lesiones oscila entre 4.808 y 168.283 euros. Las ayudas están exentas de IRPF y son compatibles con otras previstas en la legislación nacional y europea. El decreto también considera accidente de trabajo las bajas laborales derivadas de la tragedia y establece un mecanismo para proteger temporalmente a los usuarios ante subidas súbitas de precios en transportes alternativos y servicios como el alojamiento.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que asumió las funciones de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, explicó que las medidas buscan reparar el dolor de las víctimas y recuperar la confianza en el ferrocarril.
El decreto de seguridad ferroviaria, al que solo se opuso Vox, fija un máximo de seis horas de conducción continuada para los maquinistas. En ese tiempo se incluyen las maniobras con el vehículo en movimiento y las interrupciones durante las que el conductor sigue siendo responsable del tren. También reconoce el derecho del personal a detener la marcha o no iniciarla ante un riesgo grave e inminente, prevé canales confidenciales para comunicar riesgos, revisa los coeficientes reductores de la edad de jubilación y prevé reforzar la supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Para Ceuta se convalidaron 45,3 millones de euros, con el apoyo del PP, el rechazo de Vox y la abstención de Junts. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, detalló que la medida incluye subvenciones de 40,6 millones para gastos corrientes y 4,6 millones para gastos extraordinarios de capital vinculados a la crisis migratoria. Abarcan, entre otros ámbitos, servicios sociales, salud pública, educación, seguridad, emergencias, medio ambiente y comercio.
La norma prevé un registro separado de esos gastos y exceptúa a Ceuta de formular un plan económico-financiero en 2026 y 2027, aceptando el incumplimiento de los objetivos de estabilidad o de la regla de gasto. Durante el debate, Torres aseguró que 16.475 migrantes ya habían retornado a Marruecos. La oposición reprochó al Gobierno su actuación inicial ante la crisis, mientras que formaciones situadas a la izquierda del PSOE le criticaron por su respuesta ante presuntas vulneraciones de derechos humanos de migrantes por miembros de las fuerzas de seguridad.
El decreto por los daños de la dana Adam, que dejó inundaciones y otros daños entre el 17 y el 19 de octubre, moviliza 182,2 millones de euros y salió adelante con el único voto en contra de Vox. Incluye medidas agrarias, de reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como ayudas al comercio, el turismo y la hostelería. En la Comunidad Valenciana se prevén 5.000 euros por establecimiento afectado para autónomos y 10.000 para pymes y entidades sin personalidad jurídica que cumplan los requisitos.
En la discusión sobre la dana, el PP cuestionó la eficacia de las partidas y reclamó la ejecución de infraestructuras pendientes y medidas de prevención, recordando las inundaciones de Valencia de 2024. Vox acusó al Ejecutivo de utilizar la sesión con fines electorales y consideró las ayudas tardías e insuficientes. Desde Sumar, Alberto Ibáñez juzgó insuficiente el decreto y criticó la gestión del PP y Vox en la dana de 2024; Teresa Jordà, de ERC, consideró necesarias las medidas, pero lamentó su demora.
La Diputación también convalidó, con la abstención de Junts y el voto en contra de Vox, el decreto de reconocimiento y protección de las familias monoparentales. La norma regula su acreditación mediante un título oficial, incorpora medidas económicas, sociolaborales y educativas y equipara a las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas. Además, modifica la protección de las familias numerosas y refuerza el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos ante los impagos.
El decreto de mejora de la protección de la Seguridad Social, rechazado únicamente por Vox, modifica prestaciones por incapacidad temporal y cuidado de personas con enfermedades graves, pensiones de viudedad y orfandad, anticipos de alimentos e indemnizaciones a víctimas del terrorismo. También flexibiliza requisitos para parejas de hecho sin registro cuando tienen hijos en común.
La norma incorpora situaciones especiales de incapacidad temporal por una patología limitante derivada de un trastorno menopáusico secundario y por lesiones causadas por violencia de género. Asimismo, permite mantener excepcionalmente la reducción de jornada por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave más allá de los 26 años si existe una discapacidad igual o superior al 65% o dependencia de grado III, siempre que persistan la convivencia y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Ambos progenitores podrán disfrutarla de forma alternativa o simultánea.
Por último, la Diputación convalidó, también con el único rechazo de Vox, el decreto de reforma de la atención a la dependencia. Fija cuantías mensuales mínimas de protección de 90 euros para la dependencia moderada, 260 para la severa y 660 para la gran dependencia, y regula suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027. La norma establece la teleasistencia universal y gratuita para las personas dependientes, limita a tres meses el plazo administrativo para declarar la dependencia y refuerza la ayuda a domicilio.
La Diputación Permanente asume la votación de los decretos tras la disolución de las Cortes. Estas normas entran en vigor con su publicación en el BOE, pero deben votarse en un plazo de 30 días para decidir si se convalidan o derogan. Los ministros defendieron la urgencia de las medidas y la necesidad de aplicarlas sin esperar a la constitución de las nuevas Cámaras.
El decreto de ayudas por el accidente ferroviario de Urda, ocurrido el 28 de octubre en Toledo y en el que murieron 69 personas, recibió el apoyo unánime de los 69 diputados presentes. La norma moviliza 30 millones de euros: 15 millones en ayudas directas y otros 15 como anticipos del seguro de responsabilidad civil.
La ayuda directa por fallecimiento es de 72.121,46 euros, mientras que las cuantías por lesiones varían según su gravedad, desde 2.404,04 euros hasta más de 84.141,7 euros. La indemnización total por fallecimiento asciende a 144.242 euros y la prevista por lesiones oscila entre 4.808 y 168.283 euros. Las ayudas están exentas de IRPF y son compatibles con otras previstas en la legislación nacional y europea. El decreto también considera accidente de trabajo las bajas laborales derivadas de la tragedia y establece un mecanismo para proteger temporalmente a los usuarios ante subidas súbitas de precios en transportes alternativos y servicios como el alojamiento.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que asumió las funciones de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, explicó que las medidas buscan reparar el dolor de las víctimas y recuperar la confianza en el ferrocarril.
El decreto de seguridad ferroviaria, al que solo se opuso Vox, fija un máximo de seis horas de conducción continuada para los maquinistas. En ese tiempo se incluyen las maniobras con el vehículo en movimiento y las interrupciones durante las que el conductor sigue siendo responsable del tren. También reconoce el derecho del personal a detener la marcha o no iniciarla ante un riesgo grave e inminente, prevé canales confidenciales para comunicar riesgos, revisa los coeficientes reductores de la edad de jubilación y prevé reforzar la supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Para Ceuta se convalidaron 45,3 millones de euros, con el apoyo del PP, el rechazo de Vox y la abstención de Junts. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, detalló que la medida incluye subvenciones de 40,6 millones para gastos corrientes y 4,6 millones para gastos extraordinarios de capital vinculados a la crisis migratoria. Abarcan, entre otros ámbitos, servicios sociales, salud pública, educación, seguridad, emergencias, medio ambiente y comercio.
La norma prevé un registro separado de esos gastos y exceptúa a Ceuta de formular un plan económico-financiero en 2026 y 2027, aceptando el incumplimiento de los objetivos de estabilidad o de la regla de gasto. Durante el debate, Torres aseguró que 16.475 migrantes ya habían retornado a Marruecos. La oposición reprochó al Gobierno su actuación inicial ante la crisis, mientras que formaciones situadas a la izquierda del PSOE le criticaron por su respuesta ante presuntas vulneraciones de derechos humanos de migrantes por miembros de las fuerzas de seguridad.
El decreto por los daños de la dana Adam, que dejó inundaciones y otros daños entre el 17 y el 19 de octubre, moviliza 182,2 millones de euros y salió adelante con el único voto en contra de Vox. Incluye medidas agrarias, de reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como ayudas al comercio, el turismo y la hostelería. En la Comunidad Valenciana se prevén 5.000 euros por establecimiento afectado para autónomos y 10.000 para pymes y entidades sin personalidad jurídica que cumplan los requisitos.
En la discusión sobre la dana, el PP cuestionó la eficacia de las partidas y reclamó la ejecución de infraestructuras pendientes y medidas de prevención, recordando las inundaciones de Valencia de 2024. Vox acusó al Ejecutivo de utilizar la sesión con fines electorales y consideró las ayudas tardías e insuficientes. Desde Sumar, Alberto Ibáñez juzgó insuficiente el decreto y criticó la gestión del PP y Vox en la dana de 2024; Teresa Jordà, de ERC, consideró necesarias las medidas, pero lamentó su demora.
La Diputación también convalidó, con la abstención de Junts y el voto en contra de Vox, el decreto de reconocimiento y protección de las familias monoparentales. La norma regula su acreditación mediante un título oficial, incorpora medidas económicas, sociolaborales y educativas y equipara a las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas. Además, modifica la protección de las familias numerosas y refuerza el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos ante los impagos.
El decreto de mejora de la protección de la Seguridad Social, rechazado únicamente por Vox, modifica prestaciones por incapacidad temporal y cuidado de personas con enfermedades graves, pensiones de viudedad y orfandad, anticipos de alimentos e indemnizaciones a víctimas del terrorismo. También flexibiliza requisitos para parejas de hecho sin registro cuando tienen hijos en común.
La norma incorpora situaciones especiales de incapacidad temporal por una patología limitante derivada de un trastorno menopáusico secundario y por lesiones causadas por violencia de género. Asimismo, permite mantener excepcionalmente la reducción de jornada por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave más allá de los 26 años si existe una discapacidad igual o superior al 65% o dependencia de grado III, siempre que persistan la convivencia y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Ambos progenitores podrán disfrutarla de forma alternativa o simultánea.
Por último, la Diputación convalidó, también con el único rechazo de Vox, el decreto de reforma de la atención a la dependencia. Fija cuantías mensuales mínimas de protección de 90 euros para la dependencia moderada, 260 para la severa y 660 para la gran dependencia, y regula suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027. La norma establece la teleasistencia universal y gratuita para las personas dependientes, limita a tres meses el plazo administrativo para declarar la dependencia y refuerza la ayuda a domicilio.