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El Congreso aprueba la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que elimina las llamadas spam y mejora la atención al consumidor
La nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Consumo, garantiza derechos de los consumidores y establece plazos de respuesta para las empresas.
Publicado: 13 de noviembre de 2025, 13:30
El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, conocida como Ley SAC, que busca proteger los derechos de los consumidores y mejorar la calidad de la atención al cliente en España. La ley obligará a las empresas a identificar las llamadas comerciales y prohibirá los contratos derivados de llamadas no consentidas, además de introducir un régimen sancionador para garantizar su cumplimiento.
Otro objetivo significativo de la Ley SAC es reducir los tiempos de espera en atención al cliente, obligando a las empresas a atender consultas en un máximo de tres minutos. También se prohíben prácticas engañosas como las reseñas falsas y se establece que la información sobre renovaciones de servicios digitales debe ser comunicada con al menos 15 días de antelación, evitando así gastos inesperados para los consumidores.
Con el apoyo de varios grupos políticos, incluida la introducción de enmiendas para garantizar la atención en catalán, la ley representa un importante avance en la protección del consumidor en España y está diseñada para regular derechos ante abusos en el mercado, destacando la importancia del respeto a la diversidad lingüística.
Otro objetivo significativo de la Ley SAC es reducir los tiempos de espera en atención al cliente, obligando a las empresas a atender consultas en un máximo de tres minutos. También se prohíben prácticas engañosas como las reseñas falsas y se establece que la información sobre renovaciones de servicios digitales debe ser comunicada con al menos 15 días de antelación, evitando así gastos inesperados para los consumidores.
Con el apoyo de varios grupos políticos, incluida la introducción de enmiendas para garantizar la atención en catalán, la ley representa un importante avance en la protección del consumidor en España y está diseñada para regular derechos ante abusos en el mercado, destacando la importancia del respeto a la diversidad lingüística.