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El conflicto por el desalojo del B9 en Badalona: acusaciones de inhumanidad y denuncias por odio y discriminación
La gestión del realojamiento de migrantes en Badalona desata una confrontación política y legal entre el Gobierno y el alcalde Albiol.
Publicado: 31 de diciembre de 2025, 13:03
La crisis del desalojo de los migrantes del antiguo instituto B9 en Badalona ha desencadenado un intenso debate político y social sobre la gestión de la inmigración y los derechos humanos. En los últimos días, 153 de las aproximadamente 400 personas que malvivían en el B9 han sido realojadas gracias a un dispositivo coordinado por el departament de Drets Socials, los servicios municipales y entidades sociales. Sin embargo, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha sido acusado de tratar con "inhumanidad" la situación de los desalojados, en medio de críticas por parte de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha señalado el "racismo y xenofobia" en sus acciones.
El conflicto se intensificó cuando la ministra Saiz criticó la actitud del alcalde, quien ha defendido su gestión como una obligación de cumplir con la ley; en su defensa, Albiol ha acusado al Gobierno de fomentar la ocupación ilegal y ha argumentado que España necesita inmigración legal, capaz de contribuir al país. El desalojo ha dejado a muchas familias vulnerables sin opciones, lo que ha desatado protestas y enfrentamientos verbales en la comunidad.
Además, la situación ha llevado a la denuncia formal del eurodiputado Jaume Asens, quien ha acusado a Albiol de varios delitos, incluyendo discriminación y desobediencia a la autoridad judicial. Según Asens, el desalojo debía cumplirse bajo la condición de garantizar un realojo adecuado, algo que no ha sucedido. La administración pública se encuentra ahora bajo el escrutinio de la Fiscalía, que ha solicitado al juzgado que se garantice que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de asegurar una atención adecuada a las personas sin hogar.
El conflicto se intensificó cuando la ministra Saiz criticó la actitud del alcalde, quien ha defendido su gestión como una obligación de cumplir con la ley; en su defensa, Albiol ha acusado al Gobierno de fomentar la ocupación ilegal y ha argumentado que España necesita inmigración legal, capaz de contribuir al país. El desalojo ha dejado a muchas familias vulnerables sin opciones, lo que ha desatado protestas y enfrentamientos verbales en la comunidad.
Además, la situación ha llevado a la denuncia formal del eurodiputado Jaume Asens, quien ha acusado a Albiol de varios delitos, incluyendo discriminación y desobediencia a la autoridad judicial. Según Asens, el desalojo debía cumplirse bajo la condición de garantizar un realojo adecuado, algo que no ha sucedido. La administración pública se encuentra ahora bajo el escrutinio de la Fiscalía, que ha solicitado al juzgado que se garantice que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de asegurar una atención adecuada a las personas sin hogar.