Progresista 77.5%Conservador 22.5%
El conflicto por el desalojo del B9 en Badalona: acusaciones de inhumanidad y denuncias por odio y discriminación
La gestión del realojamiento de migrantes en Badalona desata una confrontación política y legal entre el Gobierno y el alcalde Albiol.
Publicado: 31 de diciembre de 2025, 13:03
La crisis del desalojo de los migrantes del antiguo instituto B9 en Badalona ha desencadenado un intenso debate político y social sobre la gestión de la inmigración y los derechos humanos. En los últimos días, 152 de las aproximadamente 400 personas que malvivían en el B9 han sido realojadas gracias a un dispositivo coordinado por el departament de Drets Socials, los servicios municipales y entidades sociales, aunque muchos siguen sin alternativas habitacionales. Existen todavía cerca de un centenar de personas que permanecen en la calle tras el desalojo. Sin embargo, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha sido acusado de tratar con "inhumanidad" la situación de los desalojados, en medio de críticas por parte de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha señalado el "racismo y xenofobia" en sus acciones.
El conflicto se intensificó cuando la ministra Saiz criticó la actitud del alcalde, quien ha defendido su gestión como una obligación de cumplir con la ley; en su defensa, Albiol ha acusado al Gobierno de fomentar la ocupación ilegal y ha argumentado que España necesita inmigración legal, capaz de contribuir al país. El desalojo ha dejado a muchas familias vulnerables sin opciones, lo que ha desatado protestas y enfrentamientos verbales en la comunidad. Las tensiones han culminado en enfrentamientos entre vecinos y defensores de los desalojados, con el alcalde asociando a estos últimos con la delincuencia.
Además, la situación ha llevado a la denuncia formal del eurodiputado Jaume Asens, quien ha acusado a Albiol de varios delitos, incluyendo discriminación y desobediencia a la autoridad judicial. Según Asens, el desalojo debía cumplirse bajo la condición de garantizar un realojo adecuado, pero no ha sucedido para muchos de los desalojados que ahora viven en condiciones precarias. La administración pública se encuentra ahora bajo el escrutinio de la Fiscalía, que ha solicitado al juzgado que se garantice que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de asegurar una atención adecuada a las personas sin hogar. La Fiscalía ha instado también al Ayuntamiento a aclarar si está proporcionando la atención adecuada a los inmuebles desalojados. Después de mediaciones, se han realojado a 52 personas en proyectos de Càritas y otras entidades, pero muchos siguen durmiendo bajo puentes y en edificios ocupados de manera temporal, ya que el Alcalde ha rechazado abrir albergues.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido calma a los vecinos y ha enfatizado que el Govern está trabajando para garantizar la convivencia mientras aborda la situación de las personas sin hogar.
El conflicto se intensificó cuando la ministra Saiz criticó la actitud del alcalde, quien ha defendido su gestión como una obligación de cumplir con la ley; en su defensa, Albiol ha acusado al Gobierno de fomentar la ocupación ilegal y ha argumentado que España necesita inmigración legal, capaz de contribuir al país. El desalojo ha dejado a muchas familias vulnerables sin opciones, lo que ha desatado protestas y enfrentamientos verbales en la comunidad. Las tensiones han culminado en enfrentamientos entre vecinos y defensores de los desalojados, con el alcalde asociando a estos últimos con la delincuencia.
Además, la situación ha llevado a la denuncia formal del eurodiputado Jaume Asens, quien ha acusado a Albiol de varios delitos, incluyendo discriminación y desobediencia a la autoridad judicial. Según Asens, el desalojo debía cumplirse bajo la condición de garantizar un realojo adecuado, pero no ha sucedido para muchos de los desalojados que ahora viven en condiciones precarias. La administración pública se encuentra ahora bajo el escrutinio de la Fiscalía, que ha solicitado al juzgado que se garantice que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de asegurar una atención adecuada a las personas sin hogar. La Fiscalía ha instado también al Ayuntamiento a aclarar si está proporcionando la atención adecuada a los inmuebles desalojados. Después de mediaciones, se han realojado a 52 personas en proyectos de Càritas y otras entidades, pero muchos siguen durmiendo bajo puentes y en edificios ocupados de manera temporal, ya que el Alcalde ha rechazado abrir albergues.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido calma a los vecinos y ha enfatizado que el Govern está trabajando para garantizar la convivencia mientras aborda la situación de las personas sin hogar.