El colapso de Ueno deja a millones sin acceso a su dinero y sacude la política paraguaya

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el martes 3 de noviembre y ordenó iniciar su resolución tras constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. El organismo atribuyó el deterioro a ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización. La medida dejó temporalmente sin acceso a sus cuentas a unos 2,94 millones de clientes, cerca de la mitad de la población del país; se cerraron las sucursales y la aplicación del banco dejó de mostrar los saldos. Una inyección reciente de 100 millones de dólares no evitó el colapso.

Ueno tenía una amplia implantación en Paraguay y había incorporado al sistema financiero a numerosos usuarios mediante la digitalización y la bancarización, incluidos clientes de sectores vulnerables. El cierre provocó protestas en Asunción durante dos noches consecutivas, con concentraciones en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes. El BCP sostuvo que se trataba de un caso puntual y que la intervención buscaba proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera. El vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, José Brítez, afirmó que el sistema seguía operando con normalidad y descartó un riesgo de contagio.

La entidad también administraba fondos públicos. El Periódico y RTVE cifran en unos 850 millones de dólares los recursos estatales gestionados por Ueno. Entre ellos figuran 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), alrededor del 9% de las inversiones de ese organismo, que administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores y gestiona pagos para unos 32.000 jubilados. El IPS tiene inversiones en 14 entidades y colocó parte de sus fondos en Ueno mediante certificados de depósito y bonos. También había recursos de la Administración Nacional de Electricidad y de la represa binacional de Itaipú.

El Congreso y el banco central activaron mecanismos para devolver parte de los depósitos. El Congreso aprobó una ley para acelerar los pagos y el BCP comenzó a abonar un primer tramo de hasta 10 millones de guaraníes a un grupo de ahorristas sin deudas con la entidad y con una cuenta en otro banco para recibir el dinero. Las fuentes ofrecen cifras distintas sobre el límite de cobertura: Público señala que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, unos 228,3 millones de guaraníes o 38.622 dólares; El Español afirma que la ley permite recibir hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes o unos 17.600 euros. Las autoridades calculaban que el 97% de los depositantes quedaría por debajo del límite, mientras unos 87.000 clientes, entre ellos empresas con nóminas que pagar, lo superarían. También se planteó trasladar depósitos a otros bancos. Seguían pendientes las dudas sobre las empresas de mayor tamaño, los fondos públicos y las pensiones.

La crisis se convirtió en un escándalo político por los vínculos entre el banco y el poder. Peña había sido accionista del grupo propietario de la entidad, junto con su hermano, y siguió respaldando públicamente al banco tras vender su participación en 2025. La fecha de esa venta difiere en las fuentes: 20 Minutos la sitúa en marzo y Público, en abril. El presidente del banco, Juan Manuel Gustale, había dicho que Peña no tenía relación con Ueno Bank, aunque sí era accionista de Ueno Holding. Durante el mandato de Peña, la entidad ganó depósitos y contratos públicos; la oposición denunció un posible conflicto de intereses, favorecimiento al banco y un uso indebido de fondos públicos y de pensiones. También se cuestionó que se rebajaran de 70 a 60 los requisitos de calificación para las entidades financieras y que Ueno pudiera gestionar fondos vinculados a jubilaciones pese a su corta trayectoria como banco.

Las críticas alcanzaron al supervisor financiero. El presidente del BCP, Carlos Carvallo, dimitió después del colapso; antes de asumir el cargo en 2023 había dirigido Financiera Ueno, antecedente del banco. En octubre, senadores oficialistas y opositores ya habían pedido la renuncia del directorio del BCP tras recibir un informe sobre la entidad y otras compañías. Peña respaldó entonces a la dirección del banco central y llamó a la calma ante los rumores sobre Ueno. En octubre de 2024 había calificado de falsas y parte de una campaña mediática las informaciones sobre un posible conflicto de intereses relacionadas con una inversión del IPS en bonos de Ueno.

La Fiscalía abrió investigaciones sobre el caso e incorporó a Peña a tres causas penales. Una denuncia presentada por congresistas en octubre de 2025 fue ampliada para incluir cuestiones relativas a la supervisión y resolución del banco y a la colocación de fondos públicos. Otra investigación alcanza también al vicepresidente Pedro Alliana, al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y a autoridades y antiguos funcionarios del BCP, el IPS y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Una tercera denuncia fue presentada por el ministro de Economía, Óscar Lovera, sin que la Fiscalía detallara su contenido. Uno de los fundadores de Ueno y su mayor accionista, Miguel Vásquez, y seis directivos se entregaron a la Justicia después de que se ordenara abrir una causa penal; Gustale figura entre los directivos detenidos. La denuncia del banco central, según la información difundida, incluye más de 200 páginas y unos 2.000 folios de anexos.

En medio de las movilizaciones y de la presión política, Peña anunció el jueves que renunciaba a la Presidencia. En un vídeo invocó la estabilidad, la paz social y la preservación de las instituciones, y pidió disculpas a la ciudadanía si había fallado. También aseguró que se presentaría y ejercería su derecho a la defensa. La Cámara de Diputados aprobó la acusación para iniciar el juicio político por 78 votos a favor y ninguno en contra, con apoyo de la oposición y de miembros del Partido Colorado, la formación del presidente. Su líder y expresidente, Horacio Cartes, respaldó el proceso y pidió reencauzar la institucionalidad. La Cámara baja necesitaba 53 de sus 80 votos para enviar la acusación al Senado.

La renuncia no se ha hecho efectiva: los legisladores oficialistas dejaron sin quórum la sesión conjunta convocada para votarla, por lo que Peña continúa formalmente en el cargo. El Senado, por su parte, reconoció a los diputados como fiscales acusadores y la siguiente etapa del juicio quedó prevista para este viernes, 6 de noviembre, a las 10.00 hora local. La Constitución exige una mayoría de dos tercios en la Cámara baja para que la acusación avance y otra mayoría de dos tercios en el Senado para declarar culpable al presidente. Según las informaciones publicadas, la dimisión habría permitido a Peña acceder a la condición de senador vitalicio y sus fueros; si el Senado lo destituye, no obtendría ese estatus. El vicepresidente Alliana asumiría la Presidencia para completar el mandato, que termina en 2028, si se activa formalmente la sucesión.