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El CGPJ rechaza amparar al juez que interrogó a Elisa Mouliaá en el caso de Íñigo Errejón tras críticas del Gobierno
El órgano de gobierno de los jueces sostiene que las críticas no afectan a la independencia judicial ni la ponen en riesgo.
Publicado: 2 de octubre de 2025, 11:56
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no amparar al juez Adolfo Carretero frente a las críticas recibidas por su interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá en el caso del exdiputado Íñigo Errejón, quien es acusado de presunta agresión sexual. La decisión surge luego de que Carretero solicitara protección al CGPJ tras más de 900 quejas sobre su comportamiento. Las críticas del Gobierno, incluidos comentarios de varios ministros, evidencian un alto nivel de preocupación social sobre la forma en que se están manejando estos interrogatorios.
El juez defendió su actuación citando la necesidad de que las pruebas sean consistentes, aunque reconoció que algunas preguntas fueron incómodas. Mientras tanto, el CGPJ argumentó que las críticas no afectan su independencia y no son lo suficientemente graves como para poner en riesgo su trabajo. Las afirmaciones sobre el tono agresivo del interrogatorio han desatado un intenso debate sobre la necesidad de una reforma judicial que garantice la protección de las denunciantes en casos de agresión sexual.
La sentencia del CGPJ aborda la línea entre la crítica a la actuación judicial y la protección de la independencia de los jueces, reflejando un conflicto entre la opinión pública y la administración de justicia. Este caso se suma a la creciente preocupación por el tratamiento de las víctimas en los procesos judiciales de agresiones sexuales.
El juez defendió su actuación citando la necesidad de que las pruebas sean consistentes, aunque reconoció que algunas preguntas fueron incómodas. Mientras tanto, el CGPJ argumentó que las críticas no afectan su independencia y no son lo suficientemente graves como para poner en riesgo su trabajo. Las afirmaciones sobre el tono agresivo del interrogatorio han desatado un intenso debate sobre la necesidad de una reforma judicial que garantice la protección de las denunciantes en casos de agresión sexual.
La sentencia del CGPJ aborda la línea entre la crítica a la actuación judicial y la protección de la independencia de los jueces, reflejando un conflicto entre la opinión pública y la administración de justicia. Este caso se suma a la creciente preocupación por el tratamiento de las víctimas en los procesos judiciales de agresiones sexuales.