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El CGPJ declara la huelga de jueces de julio como 'no anunciada' por falta de soporte legal y se solicita descuento de salarios.
El Ministerio de Justicia y el CGPJ se enfrentan a la presión de asociaciones judiciales ante reformas legislativas impugnadas.
Publicado: 26 de junio de 2025, 13:17
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad que la huelga de jueces y fiscales convocada para los días 1, 2 y 3 de julio no tiene sustentación legal, debido a la controversia generada por reformas del Gobierno que afectan el acceso a las carreras judicial y fiscal. El CGPJ considera que, en la actualidad, el ejercicio del derecho a huelga carece de soporte normativo y, por tanto, no puede reconocer la convocatoria ni establecer servicios mínimos. Este acuerdo ha sido adoptado en un pleno extraordinario según lo expresado por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y reitera que esta medida no es nueva, habiéndose pronunciado en el mismo sentido en huelgas anteriores, como las de 2009, 2012 y 2013.
El Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, ha instado al CGPJ a pronunciarse sobre la legalidad de la huelga y a tomar medidas para descontar el sueldo a los jueces y fiscales que participen. Las asociaciones judiciales, organizadoras de la huelga, llaman a concentraciones para manifestar su desacuerdo con las reformas que consideran amenazan la independencia judicial. A pesar de la decisión del CGPJ, han mantenido la convocatoria, sosteniendo que la huelga es una medida legítima y necesaria para detener estas reformas. En un acuerdo también se detalla que, de producirse el paro, no debe afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, ni a las decisiones judiciales urgentes, ya que se reconoce que ciertas decisiones son inaplazables y deben respetarse.
Las decisiones del CGPJ y del Ministerio de Justicia no solo impactarán en el futuro de las reformas legislativas, sino también en el derecho a la huelga en el ámbito judicial en España, marcando un precedente significativo sobre este derecho fundamental. Además, la controversia sobre la huelga ha dividido opiniones dentro del CGPJ, donde vocales de diferentes orientaciones políticas han expresado sus posturas a favor o en contra de la legitimidad de estas movilizaciones.
El Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, ha instado al CGPJ a pronunciarse sobre la legalidad de la huelga y a tomar medidas para descontar el sueldo a los jueces y fiscales que participen. Las asociaciones judiciales, organizadoras de la huelga, llaman a concentraciones para manifestar su desacuerdo con las reformas que consideran amenazan la independencia judicial. A pesar de la decisión del CGPJ, han mantenido la convocatoria, sosteniendo que la huelga es una medida legítima y necesaria para detener estas reformas. En un acuerdo también se detalla que, de producirse el paro, no debe afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, ni a las decisiones judiciales urgentes, ya que se reconoce que ciertas decisiones son inaplazables y deben respetarse.
Las decisiones del CGPJ y del Ministerio de Justicia no solo impactarán en el futuro de las reformas legislativas, sino también en el derecho a la huelga en el ámbito judicial en España, marcando un precedente significativo sobre este derecho fundamental. Además, la controversia sobre la huelga ha dividido opiniones dentro del CGPJ, donde vocales de diferentes orientaciones políticas han expresado sus posturas a favor o en contra de la legitimidad de estas movilizaciones.