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El caso de Cristóbal Montoro y la red de influencias que benefició a empresas gasísticas y del juego
El exministro de Hacienda se enfrenta a múltiples acusaciones por supuestos delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción.
Publicado: 19 de julio de 2025, 06:40
El caso que involucra a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, ha sacudido el panorama político español al destapar una presunta red de influencias en la que se acusa a Montoro de haber beneficiado a empresas gasísticas y del juego a través de su despacho legal, Equipo Económico. Las investigaciones apuntan a delitos como cohecho, fraude contra la administración pública y prevaricación, tras revelarse que su despacho recibió cuantiosos pagos a cambio de modificaciones legislativas a favor de estas empresas.
Se destaca que entre 2008 y 2012, Equipo Económico facturó aproximadamente 679.000 euros a la multinacional Codere, mientras se tramitaban normativas que les beneficiaban. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el despacho de Montoro logró incluso que estas empresas tuvieran acceso a los presupuestos generales del Estado antes de su presentación en el Congreso, lo que refuerza la idea de una operativa irregular marcada por la cercanía del despacho al entonces ministro de Hacienda. En días recientes, la Agencia Tributaria ha revelado que Montoro vendió sus acciones en el bufete a un precio irreal, lo que ha levantado nuevas sospechas sobre su implicación en la trama. Las acusaciones también involucran a otras empresas que pagaron para implementar reformas que redujeron impuestos, con un coste estimado de hasta 51 millones de euros al erario público. Este escándalo ha creado tensiones dentro del Partido Popular, donde la salida de Montoro y sus implicaciones en la investigación están generando controversia sobre el vínculo entre el poder político y el lobbismo empresarial.
A pesar de las acusaciones, Equipo Económico ha negado cualquier implicación en actividades ilegales, sosteniendo que Montoro dejó la organización en 2008, aunque los pagos y la cronología de legislaciones han despertado sospechas en los investigadores, complicando aún más la situación política en España. El juez Rubén Rus, encargado del caso, ha determinado la imputación de Montoro y otras 27 personas, entre las que se encuentran varios altos cargos de la administración durante el gobierno de Mariano Rajoy, lo que subraya la magnitud y la complejidad de esta investigación. Además, un informe reciente de la Guardia Civil indica que se investiga si Montoro y sus socios crearon un entramado societario para desviar fondos obtenidos mediante su red de influencias.
Se destaca que entre 2008 y 2012, Equipo Económico facturó aproximadamente 679.000 euros a la multinacional Codere, mientras se tramitaban normativas que les beneficiaban. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el despacho de Montoro logró incluso que estas empresas tuvieran acceso a los presupuestos generales del Estado antes de su presentación en el Congreso, lo que refuerza la idea de una operativa irregular marcada por la cercanía del despacho al entonces ministro de Hacienda. En días recientes, la Agencia Tributaria ha revelado que Montoro vendió sus acciones en el bufete a un precio irreal, lo que ha levantado nuevas sospechas sobre su implicación en la trama. Las acusaciones también involucran a otras empresas que pagaron para implementar reformas que redujeron impuestos, con un coste estimado de hasta 51 millones de euros al erario público. Este escándalo ha creado tensiones dentro del Partido Popular, donde la salida de Montoro y sus implicaciones en la investigación están generando controversia sobre el vínculo entre el poder político y el lobbismo empresarial.
A pesar de las acusaciones, Equipo Económico ha negado cualquier implicación en actividades ilegales, sosteniendo que Montoro dejó la organización en 2008, aunque los pagos y la cronología de legislaciones han despertado sospechas en los investigadores, complicando aún más la situación política en España. El juez Rubén Rus, encargado del caso, ha determinado la imputación de Montoro y otras 27 personas, entre las que se encuentran varios altos cargos de la administración durante el gobierno de Mariano Rajoy, lo que subraya la magnitud y la complejidad de esta investigación. Además, un informe reciente de la Guardia Civil indica que se investiga si Montoro y sus socios crearon un entramado societario para desviar fondos obtenidos mediante su red de influencias.