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El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer declara personas "no gratas" a Carlos Mazón y Susana Camarero por su gestión en la DANA
La decisión ha sido respaldada por Compromís y otros partidos, mientras que el PP y Vox se opusieron a la moción.
Publicado: 7 de noviembre de 2025, 13:46
El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha decidido declarar "personas non gratas" tanto al presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Esta decisión se produce en el marco de un pleno municipal que ha causado un gran revuelo en la política local y regional.
El pleno coincidió con la reciente salida de Mazón del cargo, y la moción fue impulsada por Compromís, con el apoyo de PSPV-PSOE, los Vecinos de la Playa y Esquerra Unida. Los promotores argumentaron que sus decisiones en respuesta a la DANA, que dejó 229 muertos, merecían esta reprobación. En el pleno se enfatizó la necesidad de una respuesta institucional adecuada hacia las víctimas y la responsabilidad política del Gobierno Valenciano en la gestión de emergencias.
Vox presentó una enmienda pidiendo la dimisión de varios miembros del Gobierno central, acusando de falta de atención a las víctimas durante la tragedia, aunque fue rechazada por todos los partidos. La decisión subraya el descontento local con la gestión de la Generalitat y plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante futuras catástrofes.
El pleno coincidió con la reciente salida de Mazón del cargo, y la moción fue impulsada por Compromís, con el apoyo de PSPV-PSOE, los Vecinos de la Playa y Esquerra Unida. Los promotores argumentaron que sus decisiones en respuesta a la DANA, que dejó 229 muertos, merecían esta reprobación. En el pleno se enfatizó la necesidad de una respuesta institucional adecuada hacia las víctimas y la responsabilidad política del Gobierno Valenciano en la gestión de emergencias.
Vox presentó una enmienda pidiendo la dimisión de varios miembros del Gobierno central, acusando de falta de atención a las víctimas durante la tragedia, aunque fue rechazada por todos los partidos. La decisión subraya el descontento local con la gestión de la Generalitat y plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante futuras catástrofes.