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El aumento del gasto en defensa en España genera divisiones políticas y cuestionamientos sobre su ejecución

Pedro Sánchez presenta un plan para llegar al 2% del PIB en gasto militar, pero la falta de consenso y las críticas de la oposición marcan el entorno político.

Publicado: 23 de abril de 2025, 15:00

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB ha desatado una serie de reacciones en la política española que reflejan las tensiones entre los distintos partidos y dentro de la propia coalición de gobierno. Durante una rueda de prensa, Sánchez confirmó que se invertirán más de 10.471 millones de euros antes de fin de año, alineándose con los compromisos adquiridos por España ante la OTAN. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la inversión, muchos cuestionan si esta medida será suficiente frente a las crecientes amenazas en el contexto europeo, a lo que Bruselas se ha referido como insatisfactorio, sugiriendo que España debería apuntar hacia un 3% de gasto.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, arremetió contra la propuesta del Gobierno, alegando que el plan 'hace aguas por todas partes' y pidiendo que se someta al Parlamento para su aprobación. Aunque el PP ha solicitado un incremento de gasto, su oposición al plan del Gobierno se basa en la falta de claridad y en las no inclusiones financieras en el presupuesto. Contradictoriamente, con la alusión a la necesidad de un gasto defensivo más firme, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ambivalente al tratar de su apoyo durante reuniones con embajadores de la OTAN, citando la importancia de invertir en defensa como 'una obligación como aliado'.

Por otro lado, la coalición de Gobierno también ha enfrentado críticas desde dentro, donde Sumar, dirigido por Yolanda Díaz, se ha manifestado en contra del aumento militar, calificándolo como un 'error'. Díaz ha enfatizado la necesidad de desarrollar una política de defensa propia en vez de depender de las pautas de la OTAN, señalando que el aumento en el gasto no necesariamente responde a las necesidades de seguridad de España, sino más bien a una presión externa.