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El asesor fiscal de los Pujol revela en juicio cómo regularizaron a toda prisa sus cuentas en Andorra tras filtraciones mediáticas.
La declaración de Joan Anton Sánchez Carreté en la Audiencia Nacional pone de relieve las irregularidades en el proceso de regularización fiscal.
Publicado: 13 de enero de 2026, 01:34
Este lunes, la Audiencia Nacional reanudó el juicio contra Jordi Pujol, sus hijos y varios empresarios, en el marco de la investigación por la fortuna oculta de la familia en Andorra. Uno de los testimonios más relevantes fue el del asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté, quien describió el proceso 'deprisa y corriendo' mediante el cual regularizaron sus cuentas en el extranjero tras la publicación de información sobre sus movimientos bancarios en el diario El Mundo, el 7 de julio de 2014.
Sánchez Carreté explicó que el mismo día en que se publicó el pantallazo de las cuentas, fue convocado por los abogados del expresidente para gestionar la regularización de sus fondos, un proceso que debió acelerarse ante la atención mediática y la presión legal. Reconoció que proporcionó documentación incompleta y que no pudo verificar la trazabilidad de los fondos, sugiriendo que se requiriera un auditor especializado. Además, vertió una declaración indicativa: “No había tenido conocimiento de las cuentas en Andorra hasta que me lo comunicaron los abogados en 2014”.
La incautación por parte de la UDEF de un pendrive que contenía información bancaria de la familia Pujol fue clave en el juicio, aunque las defensas argumentan que su obtención fue ilegal. Sánchez Carreté también afirmó que entregó dicho dispositivo con la convicción de que se cumpliría la interlocutoria del juez, que solo autorizaba la incautación de información relacionada con Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, no del resto de la familia.
Asimismo, se reveló que el registro en su despacho fue solicitado sin seguir el criterio judicial adecuado, lo cual podría ayudar a su defensa en el juicio. En la sesión de este lunes, se escucharon también testimonios de otros socios y testigos relacionados con los Pujol, como Jordi Puig Godes, quien admitió negocios informales con el primogénito de Pujol, sin contratos firmados y basados en acuerdos verbales, lo que se ha relacionado con el encubrimiento de comisiones ilegales. La Fiscalía ha solicitado penas de prisión significativas para los miembros de la familia, mientras que las defensas mantienen que los fondos tienen un origen legítimo, además de cuestionar la plataforma legal que ha permitido la recolección de pruebas sobre ellos.
Sánchez Carreté explicó que el mismo día en que se publicó el pantallazo de las cuentas, fue convocado por los abogados del expresidente para gestionar la regularización de sus fondos, un proceso que debió acelerarse ante la atención mediática y la presión legal. Reconoció que proporcionó documentación incompleta y que no pudo verificar la trazabilidad de los fondos, sugiriendo que se requiriera un auditor especializado. Además, vertió una declaración indicativa: “No había tenido conocimiento de las cuentas en Andorra hasta que me lo comunicaron los abogados en 2014”.
La incautación por parte de la UDEF de un pendrive que contenía información bancaria de la familia Pujol fue clave en el juicio, aunque las defensas argumentan que su obtención fue ilegal. Sánchez Carreté también afirmó que entregó dicho dispositivo con la convicción de que se cumpliría la interlocutoria del juez, que solo autorizaba la incautación de información relacionada con Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, no del resto de la familia.
Asimismo, se reveló que el registro en su despacho fue solicitado sin seguir el criterio judicial adecuado, lo cual podría ayudar a su defensa en el juicio. En la sesión de este lunes, se escucharon también testimonios de otros socios y testigos relacionados con los Pujol, como Jordi Puig Godes, quien admitió negocios informales con el primogénito de Pujol, sin contratos firmados y basados en acuerdos verbales, lo que se ha relacionado con el encubrimiento de comisiones ilegales. La Fiscalía ha solicitado penas de prisión significativas para los miembros de la familia, mientras que las defensas mantienen que los fondos tienen un origen legítimo, además de cuestionar la plataforma legal que ha permitido la recolección de pruebas sobre ellos.