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El asesor fiscal de los Pujol revela en juicio cómo regularizaron a toda prisa sus cuentas en Andorra tras filtraciones mediáticas.
La declaración de Joan Anton Sánchez Carreté en la Audiencia Nacional pone de relieve las irregularidades en el proceso de regularización fiscal.
Publicado: 13 de enero de 2026, 01:34
Este lunes, la Audiencia Nacional reanudó el juicio contra Jordi Pujol, sus hijos y varios empresarios, en el marco de la investigación por la fortuna oculta de la familia en Andorra. Uno de los testimonios más relevantes fue el del asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté, quien describió el proceso 'deprisa y corriendo' mediante el cual regularizaron sus cuentas en el extranjero tras la publicación de información sobre sus movimientos bancarios en el diario El Mundo, el 7 de julio de 2014.
Sánchez Carreté explicó que el mismo día en que se publicó el pantallazo de las cuentas, fue convocado por los abogados del expresidente para gestionar la regularización de sus fondos, un proceso que debió acelerarse ante la atención mediática y presión legal. Reconoció que proporcionó documentación incompleta y que no pudo verificar la trazabilidad de los fondos, sugiriendo que se requiriera un auditor especializado.
La incautación por parte de la UDEF de un pendrive que contenía información bancaria de la familia Pujol fue clave en el juicio, aunque las defensas argumentan que su obtención fue ilegal. El juicio ha continuado con declaraciones de otros testigos que han hecho negocios con los Pujol, y la Fiscalía ha solicitado penas de prisión significativas para los miembros de la familia, mientras que las defensas mantienen que los fondos tienen un origen legítimo.
Sánchez Carreté explicó que el mismo día en que se publicó el pantallazo de las cuentas, fue convocado por los abogados del expresidente para gestionar la regularización de sus fondos, un proceso que debió acelerarse ante la atención mediática y presión legal. Reconoció que proporcionó documentación incompleta y que no pudo verificar la trazabilidad de los fondos, sugiriendo que se requiriera un auditor especializado.
La incautación por parte de la UDEF de un pendrive que contenía información bancaria de la familia Pujol fue clave en el juicio, aunque las defensas argumentan que su obtención fue ilegal. El juicio ha continuado con declaraciones de otros testigos que han hecho negocios con los Pujol, y la Fiscalía ha solicitado penas de prisión significativas para los miembros de la familia, mientras que las defensas mantienen que los fondos tienen un origen legítimo.