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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pospone la reforma del 30% de vivienda protegida hasta el próximo mandato tras ruptura de negociaciones

La falta de acuerdo con Junts lleva al alcalde a guardar la modificación en el 'cajón' mientras se establecen presupuestos municipales para 2026.

Publicado: 14 de julio de 2025, 19:55

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha decidido guardar la reforma del 30% de vivienda protegida, establecida en una normativa anterior, 'en el cajón hasta el próximo mandato'. Esta decisión surge tras la ruptura de negociaciones con Junts, donde no se logró un consenso a pesar de los esfuerzos del gobierno municipal.

Collboni enfatizó la importancia de la modificación para estimular la construcción de vivienda pública, pero al no alcanzar un acuerdo, se optó por posponerla hasta que existan condiciones adecuadas. Actualmente, permanece en vigor la normativa de la exalcaldesa Ada Colau, que requiere que el 30% de nuevas viviendas y grandes rehabilitaciones sean destinadas a vivienda protegida.

Además, en las últimas semanas, diversas entidades sociales han celebrado la decisión de Collboni, considerando que las presiones populares fueron fundamentales para frenar la reforma que muchos veían como un intento de desmontar la normativa que protege la vivienda social. Según informes de medios como 324 Notícies, esto ha llevado a una considerable satisfacción entre grupos como la PAH y el Sindicat de Llogaters, quienes abogan por una vivienda accesible y creen que mantener la normativa vigente es crucial.

La situación ha generado reacciones en el ámbito político, como la solicitud del grupo municipal ERC para convocar una comisión de seguimiento sobre la aplicación de la reserva del 30%. La transparencia y el cumplimiento de los objetivos de la norma son destacados como esenciales para combatir la especulación inmobiliaria en la ciudad. Además, las recientes declaraciones del aviso de la consellera de Economía, Alícia Romero, sobre la financiación singular de Cataluña, sugieren que es imprescindible mantener la ordinalidad, lo que añade más presión sobre el tema de la vivienda en el contexto de la financiación autonómica.