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EEUU admite errores en documentos utilizados para pedir la extradición de Chambers

La defensa del activista propalestino reclama que se revise la traducción antes de que la Audiencia Nacional decida sobre su entrega.

Publicado: 18 de noviembre de 2026, 16:24

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reconocido tres errores sustanciales en la traducción al español de una declaración jurada de una agente del FBI que sustenta la solicitud de extradición del activista y filántropo estadounidense James ‘Fergie’ Cox Chambers. La Fiscalía española utilizó la documentación traducida para apoyar su entrega, sobre la que la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado.

En un escrito fechado el 12 de noviembre, el departamento atribuye los fallos a la empresa privada contratada para traducir los documentos y sostiene que fueron involuntarios y aislados. La defensa, que ya había denunciado errores durante la vista de extradición, afirma que su informe pericial documenta hasta treinta cambios incriminatorios y sostiene que hay indicios de una alteración deliberada para agravar los hechos.

Chambers fue detenido en Ibiza en julio en cumplimiento de una orden internacional de arresto y permanece en prisión provisional en Aranjuez, Madrid. Estados Unidos lo acusa de lavado de dinero, disturbios y conspiración para disturbios, en relación con protestas contra la empresa armamentística israelí Elbit y con una supuesta financiación de grupos vinculados a Hamás mediante donaciones a organizaciones palestinas.

Entre los errores admitidos, Estados Unidos señala que la traducción sustituyó una referencia a «acciones directas» por «actos de violencia directa» al describir protestas ante instalaciones de Elbit en octubre y noviembre de 2023. El departamento precisa que la palabra «violencia» no aparece en el original y que la expresión se tradujo correctamente en otras partes del documento.

También reconoce que se tradujo como «allanamiento de morada» un término para el que considera más precisa la expresión «entrada ilegal en un inmueble ajeno». El tercer fallo fue la inclusión injustificada de la palabra «incendios» en una frase sobre daños en un edificio. Según el escrito estadounidense, el traductor considera que esto ocurrió debido al uso de una herramienta de traducción específica.

El Departamento de Justicia indica que la empresa revisó su trabajo, que el texto original en inglés fue proporcionado a las autoridades españolas y que las alegaciones originales permanecen sin cambios. Respecto de otros fallos señalados por la defensa, considera aceptable, entre otras expresiones, traducir como «detonar» el verbo empleado para describir el uso de botes de humo. Washington mantiene su reclamación y afirma que Chambers es buscado por organizar y participar en disturbios en los que se destruyeron bienes y las víctimas temieron por su seguridad.

Los magistrados Fernando Andreu, Joaquín Delgado y José Joaquín Hervás trasladaron el martes 17 de noviembre el nuevo escrito a la Fiscalía y a la defensa. En sus alegaciones urgentes, los abogados pidieron que, antes de decidir sobre la entrega, se incorpore y valore el informe de traducción que el tribunal rechazó en la vista del 13 de noviembre. También solicitaron que se encargue otra traducción oficial a un experto designado por los jueces y se examine la incidencia de los cambios en la fiabilidad de la reclamación.

La defensa cuestiona que Estados Unidos se apoye en la revisión de la misma empresa contratada, sin adjuntarla ni aportar una traducción íntegra corregida. Identifica como DeepL la herramienta de traducción automática y sostiene que las referencias utilizadas por el Ministerio Público muestran que los cambios agravaron el relato ante las autoridades españolas.

Durante la vista, Chambers rechazó la extradición, negó haber financiado el terrorismo y alegó que sufre una persecución política por sus posiciones sobre Palestina. Su abogado Aitor Martínez vinculó la acusación con un memorándum de seguridad nacional del 25 de septiembre de 2025 del presidente Donald Trump y afirmó que este instaba a abrir causas contra grupos de izquierdas y antifascistas.

El activista se desvinculó de las protestas violentas y aseguró que su participación contra Elbit se limitó a tres concentraciones: en una se ató con un candado a una puerta y en las otras dos bloqueó, junto a otras personas, el acceso a sendas fábricas. Reconoció que pagó las fianzas de detenidos en esas movilizaciones y negó haber provocado incendios.

Chambers declaró que los fondos destinados a la causa palestina se dirigieron a asociaciones de estudiantes, organizaciones sanitarias y entidades de presos palestinos. Añadió que su fundación verificaba que el dinero —del que se citó un total de 7,2 millones de euros— no llegara a organizaciones prohibidas o sancionadas por Estados Unidos. Su defensa presentó asimismo una pericial económica para sostener la legalidad de diez transferencias de fondos propios a sus cuentas en Túnez, realizadas al mudarse allí y cuestionadas por las autoridades estadounidenses.

El fiscal Juan Hernández Villalba mantuvo su apoyo a la extradición y sostuvo que la reclamación no se basa en la ideología del activista, sino en actuaciones organizadas y financiadas que causaron daños materiales. También afirmó que Chambers transfirió fondos para promover apoyo material a organizaciones terroristas y participó e instigó disturbios contra Elbit. Según el fiscal, los hechos imputados encajan en delitos españoles de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista.