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Dos hombres condenados por violación grupal de una menor en la Comunidad Valenciana se fugan y provocan alerta internacional.
La Fiscalía y la acusación particular exigen órdenes de detención tras la rápida huída de los agresores.
Publicado: 7 de julio de 2025, 19:01
En un caso que ha conmocionado a la opinión pública, dos hombres condenados a 20 y 12 años de prisión por la violación grupal de una menor de 14 años en la comarca de Vall d'Albaida, Comunidad Valenciana, se han fugado tras ser sentenciados. Los condenados, de nacionalidad búlgara, fueron identificados por la policía alemana en la frontera entre Alemania y Austria, pero fueron dejados continuar su viaje debido a la falta de medidas complementarias en la solicitud de identificación emitida por las autoridades españolas.
Los hechos ocurrieron durante una fiesta en septiembre de 2020, donde la víctima fue agredida tras haber ingerido bebidas alcohólicas que afectaron su capacidad para consentir. Tras su fuga, las autoridades han intensificado los esfuerzos para localizar a los agresores, quienes, según se informa, habían planeado su huida antes de la ejecución de la sentencia. La situación ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de los controles fronterizos y la reacción de la justicia ante la posibilidad de que los condenados eludan su responsabilidad penal.
La indignación social ha crecido, reflejada en la demanda de justicia por parte de la víctima y su familia. Aún el tribunal no ha emitido una orden de detención oficial, lo que añade un nuevo nivel de tensión y urgencia a este caso, el cual es representativo de las luchas por la justicia en casos de violencia de género en España.
Los hechos ocurrieron durante una fiesta en septiembre de 2020, donde la víctima fue agredida tras haber ingerido bebidas alcohólicas que afectaron su capacidad para consentir. Tras su fuga, las autoridades han intensificado los esfuerzos para localizar a los agresores, quienes, según se informa, habían planeado su huida antes de la ejecución de la sentencia. La situación ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de los controles fronterizos y la reacción de la justicia ante la posibilidad de que los condenados eludan su responsabilidad penal.
La indignación social ha crecido, reflejada en la demanda de justicia por parte de la víctima y su familia. Aún el tribunal no ha emitido una orden de detención oficial, lo que añade un nuevo nivel de tensión y urgencia a este caso, el cual es representativo de las luchas por la justicia en casos de violencia de género en España.