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Dos españolas repatriadas de Siria aceptan tres años de prisión por su integración en Dáesh
Yolanda Martínez y Luna Fernández se enfrentan a la justicia debido a su papel activo en la organización terrorista desde su llegada a la zona de conflicto.
Publicado: 28 de abril de 2025, 22:15
Yolanda Martínez y Luna Fernández, dos mujeres de nacionalidad española que retornaron del autodenominado califato del Estado Islámico, han aceptado este lunes una condena de tres años de prisión por su integración en una organización terrorista. Ambas accedieron a este acuerdo en una vista ante la Audiencia Nacional, que se celebró brevemente.
El caso se remonta a su repatriación en enero de 2023, tras haberse desplazado voluntariamente a la región del conflicto sirio-iraquí junto con sus maridos. Durante la audiencia, se probó que ambas acusadas adoptaron un 'papel destacado' dentro de la denominada 'Brigada Al Andalus', un grupo que promovía el extremismo islámico. Las acusadas reconocieron su rol en esta célula y manifestaron su voluntad de contribuir a la organización.
La condena implica no solo la prisión, sino también inhabilitación absoluta para ejercer profesiones en el ámbito educativo y una libertad vigilada de cinco años, que incluye un programa de desradicalización. El caso revela la complejidad de la prosecución de individuos que buscan reintegrarse en la sociedad después de haber participado en actividades terroristas, y la importancia de programas de desradicalización y vigilancia a largo plazo.
El caso se remonta a su repatriación en enero de 2023, tras haberse desplazado voluntariamente a la región del conflicto sirio-iraquí junto con sus maridos. Durante la audiencia, se probó que ambas acusadas adoptaron un 'papel destacado' dentro de la denominada 'Brigada Al Andalus', un grupo que promovía el extremismo islámico. Las acusadas reconocieron su rol en esta célula y manifestaron su voluntad de contribuir a la organización.
La condena implica no solo la prisión, sino también inhabilitación absoluta para ejercer profesiones en el ámbito educativo y una libertad vigilada de cinco años, que incluye un programa de desradicalización. El caso revela la complejidad de la prosecución de individuos que buscan reintegrarse en la sociedad después de haber participado en actividades terroristas, y la importancia de programas de desradicalización y vigilancia a largo plazo.