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Discrepancias sobre las pulseras telemáticas de control a agresores marcan el debate en torno a su eficacia y gestión por parte del Gobierno
La ministra de Igualdad defiende el funcionamiento de las pulseras mientras surgen críticas y preocupaciones sobre su efectividad en la protección de las víctimas.
Publicado: 25 de septiembre de 2025, 07:19
La controversia en torno a las pulseras telemáticas de control a agresores de violencia de género ha ganado atención debido a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y las críticas surgidas sobre su eficacia. Aunque la ministra asegura que las pulseras han funcionado adecuadamente, la Memoria de la Fiscalía General del Estado revela fallos técnicos que han comprometido su operatividad, generando preocupaciones sobre la seguridad de las víctimas, especialmente dado que ninguna mujer asesinada portaba un dispositivo de control.
Además, el informe de la Fiscalía ha indicado que se produjeron pérdidas de datos durante el traspaso de información entre empresas gestoras, dificultando los procesos judiciales y retrasando las acusaciones. La comunicación entre el Ministerio de Igualdad y la Fiscalía ha sido fundamental para abordar estas incidencias, aunque existen discrepancias sobre la gravedad de los problemas reportados. Por su parte, el Ministerio sostiene que, aunque ha habido fallos en la recopilación de datos, el sistema ha operado regularmente.
A partir de la comparecencia de Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se ha hecho más evidente la desesperación ante la crisis de las pulseras. Durante su intervención en el Congreso, Martínez pidió disculpas a las "supervivientes de la violencia machista que se sienten inquietas" por el funcionamiento del sistema Cometa. Afirmó que las pulseras "salvan vidas" y lanzó un mensaje de tranquilidad, rechazando las preocupaciones generadas por las informaciones "manifiestamente falsas" que han circulado sobre la seguridad del sistema.
El debate sobre la efectividad de estos dispositivos se intensifica tras la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debido a las críticas sobre los fallos en la gestión de las pulseras. En la misma línea, Martínez ha indicado que se darán los primeros pasos para reforzar el sistema público de gestión, que ha estado externalizado desde su creación en 2009. Con respecto a las cifras, hasta la fecha, el sistema Cometa protege a 4.700 mujeres, gestionando cada día 30 millones de geoposicionamientos.
Por otro lado, aunque la delegada reconoce que ha habido fallos puntuales y problemas en la transición entre operadores, sostiene que no han puesto en riesgo la seguridad de las mujeres. En respuesta a las críticas sobre la creación de espacios de impunidad por los fallos en el sistema, indicó que la dirección del Ministerio ha mantenido reuniones y comisiones de seguimiento con personal técnico para abordar los problemas surgidos. Martínez también remarcó que es falso que existan elevados números de sobreseimientos derivados de la falla en los dispositivos, aunque reconoció que ha habido quejas que fueron atendidas en su momento.
El debate sobre cómo mejorar las medidas de protección continúa, así como la necesidad de validar la efectividad de la tecnología utilizada en la protección de las mujeres en riesgo.
Paralelamente, la ministra Ana Redondo ha anunciado que su departamento estudia la prohibición de la instalación de centros provida cerca de clínicas de aborto. Esta anuncio se produce mientras se revelan datos sobre la externalización de interrupciones voluntarias del embarazo, ya que el 80% de estas se realizan en clínicas privadas, según el estudio presentado por la Federación Mujeres Jóvenes. La ministra ha declarado que se informará sobre las desigualdades territoriales y la necesidad de un acceso equitativo a los servicios de salud, lo que refleja una preocupación creciente en torno a la defensa de los derechos de las mujeres en diversas áreas.
Además, el informe de la Fiscalía ha indicado que se produjeron pérdidas de datos durante el traspaso de información entre empresas gestoras, dificultando los procesos judiciales y retrasando las acusaciones. La comunicación entre el Ministerio de Igualdad y la Fiscalía ha sido fundamental para abordar estas incidencias, aunque existen discrepancias sobre la gravedad de los problemas reportados. Por su parte, el Ministerio sostiene que, aunque ha habido fallos en la recopilación de datos, el sistema ha operado regularmente.
A partir de la comparecencia de Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se ha hecho más evidente la desesperación ante la crisis de las pulseras. Durante su intervención en el Congreso, Martínez pidió disculpas a las "supervivientes de la violencia machista que se sienten inquietas" por el funcionamiento del sistema Cometa. Afirmó que las pulseras "salvan vidas" y lanzó un mensaje de tranquilidad, rechazando las preocupaciones generadas por las informaciones "manifiestamente falsas" que han circulado sobre la seguridad del sistema.
El debate sobre la efectividad de estos dispositivos se intensifica tras la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debido a las críticas sobre los fallos en la gestión de las pulseras. En la misma línea, Martínez ha indicado que se darán los primeros pasos para reforzar el sistema público de gestión, que ha estado externalizado desde su creación en 2009. Con respecto a las cifras, hasta la fecha, el sistema Cometa protege a 4.700 mujeres, gestionando cada día 30 millones de geoposicionamientos.
Por otro lado, aunque la delegada reconoce que ha habido fallos puntuales y problemas en la transición entre operadores, sostiene que no han puesto en riesgo la seguridad de las mujeres. En respuesta a las críticas sobre la creación de espacios de impunidad por los fallos en el sistema, indicó que la dirección del Ministerio ha mantenido reuniones y comisiones de seguimiento con personal técnico para abordar los problemas surgidos. Martínez también remarcó que es falso que existan elevados números de sobreseimientos derivados de la falla en los dispositivos, aunque reconoció que ha habido quejas que fueron atendidas en su momento.
El debate sobre cómo mejorar las medidas de protección continúa, así como la necesidad de validar la efectividad de la tecnología utilizada en la protección de las mujeres en riesgo.
Paralelamente, la ministra Ana Redondo ha anunciado que su departamento estudia la prohibición de la instalación de centros provida cerca de clínicas de aborto. Esta anuncio se produce mientras se revelan datos sobre la externalización de interrupciones voluntarias del embarazo, ya que el 80% de estas se realizan en clínicas privadas, según el estudio presentado por la Federación Mujeres Jóvenes. La ministra ha declarado que se informará sobre las desigualdades territoriales y la necesidad de un acceso equitativo a los servicios de salud, lo que refleja una preocupación creciente en torno a la defensa de los derechos de las mujeres en diversas áreas.