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Detenidos el presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares durante la pandemia de Covid-19.
Javier Aureliano García y su equipo son investigados por el caso de corrupción conocido como “caso mascarillas”.
Publicado: 18 de noviembre de 2025, 13:12
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido esta mañana a los principales responsables de la Diputación de Almería en una operación relacionada con el caso de los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia de Covid-19, incluyendo al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y su vicepresidente, Fernando Giménez, así como el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Las detenciones buscan esclarecer presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario, especialmente críticas debido a las circunstancias excepcionales de la pandemia.
La investigación está siendo supervisada por el Juzgado número 1 de Almería, con registros en la sede de la Diputación y en los domicilios de los detenidos. Se indaga sobre presuntas comisiones ilegales en contratos otorgados durante la crisis, cuyo monto podría superar los dos millones de euros. Además, el PSOE actúa como acusación popular, cuestionando la transparencia de las negociaciones que llevaron a la firma de contratos, implicando a la empresa Azor Corporate Ibérica en un entramado de corrupción más amplio.
Las reacciones han surgido desde el Gobierno andaluz, donde el presidente, Juanma Moreno, ha afirmado no tener información detallada sobre el caso, mientras que se espera que las detenciones y el contexto actual generen serias preocupaciones sobre la gestión de fondos públicos y la credibilidad del PP andaluz frente a las acusaciones de corrupción.
La investigación está siendo supervisada por el Juzgado número 1 de Almería, con registros en la sede de la Diputación y en los domicilios de los detenidos. Se indaga sobre presuntas comisiones ilegales en contratos otorgados durante la crisis, cuyo monto podría superar los dos millones de euros. Además, el PSOE actúa como acusación popular, cuestionando la transparencia de las negociaciones que llevaron a la firma de contratos, implicando a la empresa Azor Corporate Ibérica en un entramado de corrupción más amplio.
Las reacciones han surgido desde el Gobierno andaluz, donde el presidente, Juanma Moreno, ha afirmado no tener información detallada sobre el caso, mientras que se espera que las detenciones y el contexto actual generen serias preocupaciones sobre la gestión de fondos públicos y la credibilidad del PP andaluz frente a las acusaciones de corrupción.