Detenidos dos hombres en Las Palmas por la filtración masiva de datos personales de políticos y periodistas

En un hecho alarmante para la seguridad de datos en España, la Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de dos hombres en Las Palmas, bajo sospecha de ser los autores de una importante filtración de datos personales de figuras políticas y periodistas. Los detenidos, identificados como Yoel O. Q. y Cristian Ezequiel S.M., ambos de 19 años, fueron arrestados tras una exhaustiva investigación a cargo de la Audiencia Nacional, que se encuentra bajo secreto de sumario. Esta operación forma parte de una investigación más amplia que se halla bajo el control de la Audiencia Nacional y dirigida por el magistrado Francisco de Jorge. La filtración, que afecta a miembros del Gobierno y a otros altos cargos, ha desvelado información sensible, incluyendo domicilios, números de teléfono, correos electrónicos y datos de identificación como el DNI.


Se ha informado que los detenidos crearon un grupo conocido como 'Akkaspace', mediante el cual habrían lanzado la información obtenida de manera ilícita, utilizando un canal de Telegram con más de 90,000 miembros. La primera filtración se registró el 19 de junio, revelando información sobre ministros socialistas y exdirigentes del Partido Popular. La difusión se realizó a través de grupos con inclinaciones ideológicas ultraderechistas, donde se publicaron datos junto a mensajes que incitan a la desestabilización política. Se estima que la nueva filtración incluye información de hasta 500 páginas con datos confidenciales de varios altos funcionarios, incluyendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y otros ministros como Fernando Grande-Marlaska y María Jesús Montero. La difusión se realizó desde un canal de Telegram que ha generado gran preocupación por el potencial impacto en la seguridad de los implicados.


Adicionalmente, se han recibido alertas sobre que los presuntos autores planeaban continuar con la filtración de datos. Este asunto ha suscitado amplios debates sobre la privacidad y la seguridad de los datos en la era digital, así como el papel de las redes sociales en la propagación de información sensible y privada de manera irresponsable. La Audiencia Nacional considera que este caso podría constituir un delito de ciberterrorismo, en virtud de la reforma del Código Penal de 2015, dado que las filtraciones buscan desestabilizar las instituciones políticas del Estado.