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Detalles de la intervención judicial en el caso Montoro: el juez autorizó pinchazos en los teléfonos de cuatro investigados
La decisión, que se tomó en diciembre de 2021, solo duró 42 días tras el recurso de la Fiscalía Anticorrupción.
Publicado: 24 de julio de 2025, 12:56
En diciembre de 2021, el juez Rubén Rus del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona autorizó la intervención de las comunicaciones de cuatro miembros del Equipo Económico, como parte de una investigación sobre un escándalo de corrupción. Los investigados, vinculados a un despacho fundado por el exministro del PP, Cristóbal Montoro, incluyen a tres socios fundadores de la consultora y una trabajadora del departamento de administración.
La intervención, llevada a cabo entre la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, buscaba evidencia de irregularidades y se mantuvo activa por 42 días. Tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción que cuestionaba la invasión a la privacidad, el juez ordenó el cese de la intervención en enero de 2022, respaldada por la Audiencia Provincial de Tarragona.
A pesar de la suspensión, el caso Montoro sigue bajo investigación, evidenciando la gravedad de las acusaciones y su impacto en la credibilidad de las instituciones públicas en España. Recientemente, Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro, ha emitido un comunicado en el que niega rotundamente haber pagado dádivas, comisiones o retribuciones ilícitas a funcionarios o autoridades, reclamando su honorabilidad. Además, han recurrido a la Audiencia Provincial de Tarragona, argumentando que se han vulnerado sus derechos por el “hallazgo casual” de correos que dieron origen a la investigación.
En esta línea de defensa, el despacho sostiene que los cambios normativos que se analizan en el caso fueron aprobados por las Cortes Generales, cumpliendo con todos los trámites previstos en la ley, y que en ningún momento se han cuestionado su validez y constitucionalidad. En un reciente arduo comunicado, han acusado a la justicia de haber actuado de manera anómala durante más de siete años y de haber filtrado información a los medios, perjudicando así la reputación de la consultora
El juez Rubén Rus también ha declarado que no ve delito alguno en que Cristóbal Montoro tuviera acceso a datos tributarios de políticos y periodistas, tras evaluar que tales acciones formaban parte de sus funciones como ministro de Hacienda. Este aspecto se ha convertido en un pilar clave en la defensa de Montoro y su equipo, negando así cualquier imputación de revelación de secretos o irregularidades en la gestión de datos públicos. La situación administrativa plantea importantes repercusiones legales y políticas, resaltando el estado de la corrupción en el ámbito gubernamental.
La intervención, llevada a cabo entre la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, buscaba evidencia de irregularidades y se mantuvo activa por 42 días. Tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción que cuestionaba la invasión a la privacidad, el juez ordenó el cese de la intervención en enero de 2022, respaldada por la Audiencia Provincial de Tarragona.
A pesar de la suspensión, el caso Montoro sigue bajo investigación, evidenciando la gravedad de las acusaciones y su impacto en la credibilidad de las instituciones públicas en España. Recientemente, Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro, ha emitido un comunicado en el que niega rotundamente haber pagado dádivas, comisiones o retribuciones ilícitas a funcionarios o autoridades, reclamando su honorabilidad. Además, han recurrido a la Audiencia Provincial de Tarragona, argumentando que se han vulnerado sus derechos por el “hallazgo casual” de correos que dieron origen a la investigación.
En esta línea de defensa, el despacho sostiene que los cambios normativos que se analizan en el caso fueron aprobados por las Cortes Generales, cumpliendo con todos los trámites previstos en la ley, y que en ningún momento se han cuestionado su validez y constitucionalidad. En un reciente arduo comunicado, han acusado a la justicia de haber actuado de manera anómala durante más de siete años y de haber filtrado información a los medios, perjudicando así la reputación de la consultora
El juez Rubén Rus también ha declarado que no ve delito alguno en que Cristóbal Montoro tuviera acceso a datos tributarios de políticos y periodistas, tras evaluar que tales acciones formaban parte de sus funciones como ministro de Hacienda. Este aspecto se ha convertido en un pilar clave en la defensa de Montoro y su equipo, negando así cualquier imputación de revelación de secretos o irregularidades en la gestión de datos públicos. La situación administrativa plantea importantes repercusiones legales y políticas, resaltando el estado de la corrupción en el ámbito gubernamental.