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Desalojo de la acampada de Sol en Madrid concluye sin incidentes graves
Operativo policial dejó un saldo de dos detenidos y denuncias de agresiones.
Publicado: 3 de noviembre de 2026, 15:25
En la madrugada del 3 de noviembre de 2026, la Policía Nacional y Municipal de Madrid llevaron a cabo el desalojo de la acampada por la vivienda que se había instalado en la Puerta del Sol, un operativo que se inició hacia las tres de la mañana. Durante la acción, se desalojaron a 334 personas, que habían estado pernoctando en la plaza, y se detuvo a dos individuos por desobediencia y resistencia a la autoridad. Aunque las fuerzas de seguridad describieron la intervención como una operación sin incidentes significativos, desde la acampada denunciaron el uso de fuerza excessiva, alegando que varias personas resultaron heridas debido a golpes y gas pimienta.
La acampada había comenzado el 26 de septiembre tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años. Este evento trágico fue el catalizador para que se formara un movimiento social centrado en la crítica a la crisis de vivienda en España. Inicialmente, la acampada reunió a miles de participantes, pero con el transcurso de las semanas, fueron varios los grupos que decidieron abandonar esta protesta, dejando principalmente a personas sin hogar ocupando el lugar. Según la Delegación del Gobierno, este cambio en la naturaleza del grupo fue uno de los motivos que justificó el desalojo, que se consideró necesario para recuperar el uso habitual de la plaza.
Por otro lado, las fuentes oficiales informaron que el operativo involucró a un total de 400 agentes, lo cual incluyó 220 de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además del apoyo de bomberos y servicios sociales. En contraste, los integrantes de la acampada criticaron la actuación, señalando que fue ejecutada por fuerzas antidisturbios y catalogándola como violenta. A través de sus redes sociales, informaron que están evaluando el estado de los miembros que estuvieron presentes durante el desalojo y recibiendo actualizaciones sobre la situación.
Desde el lunes previo al desalojo, el movimiento había comenzado a disolverse, y los organizadores habían manifestado su intención de trasladar la lucha por la vivienda a otros barrios. También habían anunciado una huelga general programada para el 11 de noviembre, lo que pone de relieve la continuidad del descontento social en torno a las cuestiones de vivienda.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció sobre el desalojo, criticando al gobierno nacional y sugiriendo que este tipo de ocupaciones deberían haberse manejado de forma más efectiva. En sus comunicaciones, hizo referencia al tiempo que duró la acampada como un signo de la ineficacia del gobierno en el manejo de la crisis de vivienda, enfatizando la necesidad de recuperar el orden en la plaza emblemática de la ciudad, a la que se refirió como "la plaza de todos los españoles".
En conclusión, el desalojo de la acampada de Sol resalta las tensiones sociales en torno al derecho a la vivienda en Madrid y el papel del gobierno en la regulación de protestas y el mantenimiento del orden público. Las reacciones tanto de las autoridades como de los activistas continuarán influyendo en el desarrollo de esta problemática social.
La acampada había comenzado el 26 de septiembre tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años. Este evento trágico fue el catalizador para que se formara un movimiento social centrado en la crítica a la crisis de vivienda en España. Inicialmente, la acampada reunió a miles de participantes, pero con el transcurso de las semanas, fueron varios los grupos que decidieron abandonar esta protesta, dejando principalmente a personas sin hogar ocupando el lugar. Según la Delegación del Gobierno, este cambio en la naturaleza del grupo fue uno de los motivos que justificó el desalojo, que se consideró necesario para recuperar el uso habitual de la plaza.
Por otro lado, las fuentes oficiales informaron que el operativo involucró a un total de 400 agentes, lo cual incluyó 220 de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además del apoyo de bomberos y servicios sociales. En contraste, los integrantes de la acampada criticaron la actuación, señalando que fue ejecutada por fuerzas antidisturbios y catalogándola como violenta. A través de sus redes sociales, informaron que están evaluando el estado de los miembros que estuvieron presentes durante el desalojo y recibiendo actualizaciones sobre la situación.
Desde el lunes previo al desalojo, el movimiento había comenzado a disolverse, y los organizadores habían manifestado su intención de trasladar la lucha por la vivienda a otros barrios. También habían anunciado una huelga general programada para el 11 de noviembre, lo que pone de relieve la continuidad del descontento social en torno a las cuestiones de vivienda.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció sobre el desalojo, criticando al gobierno nacional y sugiriendo que este tipo de ocupaciones deberían haberse manejado de forma más efectiva. En sus comunicaciones, hizo referencia al tiempo que duró la acampada como un signo de la ineficacia del gobierno en el manejo de la crisis de vivienda, enfatizando la necesidad de recuperar el orden en la plaza emblemática de la ciudad, a la que se refirió como "la plaza de todos los españoles".
En conclusión, el desalojo de la acampada de Sol resalta las tensiones sociales en torno al derecho a la vivienda en Madrid y el papel del gobierno en la regulación de protestas y el mantenimiento del orden público. Las reacciones tanto de las autoridades como de los activistas continuarán influyendo en el desarrollo de esta problemática social.