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Desalojada la acampada por la vivienda de la plaza Cataluña de Barcelona
La operación retiró a 295 personas y un grupo de acampados se trasladó al espigón del Gas, en la Barceloneta
Publicado: 16 de noviembre de 2026, 16:09
La Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra desalojaron este lunes de madrugada la acampada por el derecho a la vivienda instalada desde el 29 de septiembre en la plaza Cataluña. La operación afectó a 295 personas y terminó con tres detenidos por órdenes de búsqueda y captura pendientes, sin incidentes graves.
El dispositivo comenzó poco después de la medianoche, cuando los agentes cortaron los accesos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza. El operativo contó con 465 efectivos de la Guardia Urbana, los Mossos, bomberos y servicios municipales. Los policías entraron en la acampada, identificaron a sus ocupantes y les pidieron que recogieran sus pertenencias y abandonaran el lugar.
Una veintena de personas protestó fuera del cordón policial. En el interior hubo gritos y algunos lanzamientos contra los agentes. También se produjo una reyerta en el exterior entre acampados y un grupo que los increpó; los Mossos intervinieron para separarlos. No se interpusieron denuncias por la actuación.
Después del desalojo, los servicios de limpieza retiraron 150 tiendas y unas 45 toneladas de residuos, además de toldos y enseres acumulados durante las semanas de protesta. El dispositivo incluyó la desconexión de enganches eléctricos ilegales. No se habían encontrado armas entre el material intervenido, que seguía bajo inspección.
Un grupo de alrededor de un centenar de personas se reunió en la calle Pelai y después se dirigió a la plaza de la Vila de Madrid, donde instaló tiendas tras saltar una valla. La Guardia Urbana les indicó que no podían permanecer allí y les pidió que se marcharan. Los acampados decidieron trasladarse al frente marítimo y levantaron tiendas en el espigón del Gas, junto a la playa de la Barceloneta.
La portavoz Kiara Monroy aseguró que continuarían ocupando plazas hasta que hubiera soluciones para la vivienda y cifró en unas 70 las personas a las que el desalojo había vuelto a dejar en la calle. La plataforma Acampada Habitatge Catalunya denunció que la intervención había sido «ilegal, sin previo aviso y sin mediación». También difundió la orden de desalojo firmada por el concejal del distrito de L’Eixample, Jordi Valls, y reclamó la intervención de una figura de mediación. Los organizadores habían expresado su intención de mantener la protesta al menos hasta después de las elecciones del 29 de noviembre.
Según fuentes policiales, entre quienes permanecían en la plaza había cada vez menos activistas por la vivienda y una parte eran personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad. El alcalde, Jaume Collboni, afirmó que los equipos del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona ofrecieron asistencia y acompañamiento y que tres personas solicitaron ese apoyo. También se prestó una atención sanitaria.
Collboni justificó el desalojo por la necesidad de garantizar la convivencia, la seguridad y la salubridad y evitar riesgos mayores para las personas y la salud pública. El Ayuntamiento sostuvo que había respetado el derecho de protesta y que había decidido recuperar la plaza tras las principales movilizaciones que motivaron la acampada y una disminución de la actividad vinculada a sus objetivos iniciales. El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, defendió la actuación y señaló que antes solo había habido contactos informales por falta de interlocución.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó la decisión municipal y la situó en una ponderación entre el derecho a la protesta y la convivencia y el orden público. Reconoció que los motivos de la reivindicación por la vivienda persisten, pero defendió que existen otras formas de canalizarla. Por su parte, el dirigente del PP Xavier García Albiol acusó al PSC de haber retrasado la intervención por interés electoral.
La protesta comenzó el 29 de septiembre con un centenar de personas, siguiendo el ejemplo de la acampada de Madrid surgida después del desalojo de La Maricarmen. Llegó a reunir inicialmente a unas 300 personas para denunciar la situación del mercado de la vivienda. El Sindicat de Llogateres llamó a sumarse el 1 de octubre, pero anunció el día 9 que dejaba de participar directamente para centrarse en la preparación de la huelga general del 11 de noviembre.
En un primer momento, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat habían asegurado que no pretendían desalojar la protesta. A principios de noviembre, Collboni la defendió como democrática y pacífica y dijo que no había motivos para intervenir mientras mantuviera ese carácter. Tras la huelga general, el alcalde anunció que recuperaría la plaza para celebrar la Navidad con normalidad.
La instalación del alumbrado navideño había alimentado el debate sobre la continuidad de la acampada. El Ayuntamiento afirmó inicialmente que no podría colocar las luces en la plaza, aunque después aseguró que no se quedaría a oscuras. El encendido está previsto para el 26 de noviembre. La asociación comercial Barcelona Oberta valoró positivamente el desalojo y pidió al consistorio que concrete el calendario de actividades navideñas.
El dispositivo comenzó poco después de la medianoche, cuando los agentes cortaron los accesos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza. El operativo contó con 465 efectivos de la Guardia Urbana, los Mossos, bomberos y servicios municipales. Los policías entraron en la acampada, identificaron a sus ocupantes y les pidieron que recogieran sus pertenencias y abandonaran el lugar.
Una veintena de personas protestó fuera del cordón policial. En el interior hubo gritos y algunos lanzamientos contra los agentes. También se produjo una reyerta en el exterior entre acampados y un grupo que los increpó; los Mossos intervinieron para separarlos. No se interpusieron denuncias por la actuación.
Después del desalojo, los servicios de limpieza retiraron 150 tiendas y unas 45 toneladas de residuos, además de toldos y enseres acumulados durante las semanas de protesta. El dispositivo incluyó la desconexión de enganches eléctricos ilegales. No se habían encontrado armas entre el material intervenido, que seguía bajo inspección.
Un grupo de alrededor de un centenar de personas se reunió en la calle Pelai y después se dirigió a la plaza de la Vila de Madrid, donde instaló tiendas tras saltar una valla. La Guardia Urbana les indicó que no podían permanecer allí y les pidió que se marcharan. Los acampados decidieron trasladarse al frente marítimo y levantaron tiendas en el espigón del Gas, junto a la playa de la Barceloneta.
La portavoz Kiara Monroy aseguró que continuarían ocupando plazas hasta que hubiera soluciones para la vivienda y cifró en unas 70 las personas a las que el desalojo había vuelto a dejar en la calle. La plataforma Acampada Habitatge Catalunya denunció que la intervención había sido «ilegal, sin previo aviso y sin mediación». También difundió la orden de desalojo firmada por el concejal del distrito de L’Eixample, Jordi Valls, y reclamó la intervención de una figura de mediación. Los organizadores habían expresado su intención de mantener la protesta al menos hasta después de las elecciones del 29 de noviembre.
Según fuentes policiales, entre quienes permanecían en la plaza había cada vez menos activistas por la vivienda y una parte eran personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad. El alcalde, Jaume Collboni, afirmó que los equipos del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona ofrecieron asistencia y acompañamiento y que tres personas solicitaron ese apoyo. También se prestó una atención sanitaria.
Collboni justificó el desalojo por la necesidad de garantizar la convivencia, la seguridad y la salubridad y evitar riesgos mayores para las personas y la salud pública. El Ayuntamiento sostuvo que había respetado el derecho de protesta y que había decidido recuperar la plaza tras las principales movilizaciones que motivaron la acampada y una disminución de la actividad vinculada a sus objetivos iniciales. El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, defendió la actuación y señaló que antes solo había habido contactos informales por falta de interlocución.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó la decisión municipal y la situó en una ponderación entre el derecho a la protesta y la convivencia y el orden público. Reconoció que los motivos de la reivindicación por la vivienda persisten, pero defendió que existen otras formas de canalizarla. Por su parte, el dirigente del PP Xavier García Albiol acusó al PSC de haber retrasado la intervención por interés electoral.
La protesta comenzó el 29 de septiembre con un centenar de personas, siguiendo el ejemplo de la acampada de Madrid surgida después del desalojo de La Maricarmen. Llegó a reunir inicialmente a unas 300 personas para denunciar la situación del mercado de la vivienda. El Sindicat de Llogateres llamó a sumarse el 1 de octubre, pero anunció el día 9 que dejaba de participar directamente para centrarse en la preparación de la huelga general del 11 de noviembre.
En un primer momento, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat habían asegurado que no pretendían desalojar la protesta. A principios de noviembre, Collboni la defendió como democrática y pacífica y dijo que no había motivos para intervenir mientras mantuviera ese carácter. Tras la huelga general, el alcalde anunció que recuperaría la plaza para celebrar la Navidad con normalidad.
La instalación del alumbrado navideño había alimentado el debate sobre la continuidad de la acampada. El Ayuntamiento afirmó inicialmente que no podría colocar las luces en la plaza, aunque después aseguró que no se quedaría a oscuras. El encendido está previsto para el 26 de noviembre. La asociación comercial Barcelona Oberta valoró positivamente el desalojo y pidió al consistorio que concrete el calendario de actividades navideñas.