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Desahucio de dos menores huérfanas tras asesinato de su madre por violencia machista agita el debate sobre el sistema de protección social en Madrid
La familia enfrentó su lanzamiento de hogar a pesar de su extrema vulnerabilidad y el rechazo de ayudas públicas por parte del Ayuntamiento.
Publicado: 19 de enero de 2026, 02:44
En una impactante situación que pone de relieve las falencias del sistema de protección social, dos menores huérfanas, de 5 y 10 años, por un asesinato machista han sido desahuciadas junto a su abuela en el distrito de Villaverde, Madrid. Este desalojo se llevó a cabo el 14 de enero de 2026, en un contexto de extrema vulnerabilidad tras la muerte de su madre en septiembre de 2023, cuando fue asesinada por su expareja.
A pesar de contar con un informe de vulnerabilidad social expedido por los servicios sociales, el desalojo fue confirmado por el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha denunciado que el desalojo se realizó sin que se exploraran alternativas que pudieran mitigar el impacto sobre las menores. La abogada de oficio designada no asistió, lo que dificultó buscar una solución habitacional alternativa. Según Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, “lo que ha ocurrido es una demostración clara del fracaso del sistema de garantías sociales para una familia en extrema vulnerabilidad”. La abuela, de 65 años, sostenía el hogar con unos 600 euros mensuales, una cantidad que sitúa a la unidad familiar muy por debajo del umbral necesario para acceder a una alternativa residencial estable en el mercado actual.
A lo largo de los meses previos al desalojo, fuentes vinculadas al fondo inmobiliario Circleville SL, propietario de la deuda hipotecaria adquirida a CaixaBank, se personaron en la vivienda para presionar y acelerar la salida de la abuela y las menores, incluso ofreciéndoles dinero para que abandonaran la propiedad. Según la FRAVM, el desahucio se llevó a cabo a pesar de la existencia de un informe social que debía haber servido para frenar el lanzamiento. La familia no había cobrado ayudas por ser huérfanas debido a la violencia machista y, por tanto, no se habían acogido a los servicios municipales de emergencia.
La historia de esta familia resuena con un dolor particular, recordando que tras cada desamparo hay vidas afectadas por la violencia de género y la falta de apoyo institucional que debería existir para garantizar su protección en circunstancias críticas. La asociación ha anunciado su intención de solicitar una reunión con el Ministerio de Justicia para abordar lo que consideran un fallo grave del sistema. Además, han ofrecido apoyo continuo a la familia, que se ha realojado gracias a su red de amistades.
Los derechos de esta familia y la cobertura de los servicios sociales se encuentran en el centro del debate, ya que sus representantes políticos han criticado la gestión del Ayuntamiento. La diputada del PSOE en la Asamblea, Lorena Morales, ha señalado que el desalojo es una vulneración de los derechos básicos de una familia en situación de extrema necesidad y ha instado a tomar medidas más efectivas para proteger a las víctimas de violencia machista.
A pesar de contar con un informe de vulnerabilidad social expedido por los servicios sociales, el desalojo fue confirmado por el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha denunciado que el desalojo se realizó sin que se exploraran alternativas que pudieran mitigar el impacto sobre las menores. La abogada de oficio designada no asistió, lo que dificultó buscar una solución habitacional alternativa. Según Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, “lo que ha ocurrido es una demostración clara del fracaso del sistema de garantías sociales para una familia en extrema vulnerabilidad”. La abuela, de 65 años, sostenía el hogar con unos 600 euros mensuales, una cantidad que sitúa a la unidad familiar muy por debajo del umbral necesario para acceder a una alternativa residencial estable en el mercado actual.
A lo largo de los meses previos al desalojo, fuentes vinculadas al fondo inmobiliario Circleville SL, propietario de la deuda hipotecaria adquirida a CaixaBank, se personaron en la vivienda para presionar y acelerar la salida de la abuela y las menores, incluso ofreciéndoles dinero para que abandonaran la propiedad. Según la FRAVM, el desahucio se llevó a cabo a pesar de la existencia de un informe social que debía haber servido para frenar el lanzamiento. La familia no había cobrado ayudas por ser huérfanas debido a la violencia machista y, por tanto, no se habían acogido a los servicios municipales de emergencia.
La historia de esta familia resuena con un dolor particular, recordando que tras cada desamparo hay vidas afectadas por la violencia de género y la falta de apoyo institucional que debería existir para garantizar su protección en circunstancias críticas. La asociación ha anunciado su intención de solicitar una reunión con el Ministerio de Justicia para abordar lo que consideran un fallo grave del sistema. Además, han ofrecido apoyo continuo a la familia, que se ha realojado gracias a su red de amistades.
Los derechos de esta familia y la cobertura de los servicios sociales se encuentran en el centro del debate, ya que sus representantes políticos han criticado la gestión del Ayuntamiento. La diputada del PSOE en la Asamblea, Lorena Morales, ha señalado que el desalojo es una vulneración de los derechos básicos de una familia en situación de extrema necesidad y ha instado a tomar medidas más efectivas para proteger a las víctimas de violencia machista.