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Denuncias de maltrato en Quorum 77 provocan cierre de centro de menores en Canarias y reubicación de 150 migrantes
La investigación judicial revela graves acusaciones contra la ONG que gestiona el acogimiento de niños y adolescentes migrantes.
Publicado: 26 de julio de 2025, 06:41
En un controvertido suceso en Canarias, el centro de menores Quorum 77, que aloja a migrantes, ha sido cerrado tras denuncias de maltrato y amenazas formuladas por los propios menores. Las acusaciones iniciales surgieron a raíz de que dos adolescentes decidieran romper el silencio y relatar situaciones de violencia vividas en el centro, lo que provocó la intervención de la Dirección General de Protección de la Infancia y alertó a la fiscalía.
El caso ha derivado en la detención de varios empleados, incluidos la presidenta y el director de la ONG. Con la clausura del centro, se ha iniciado un proceso de reubicación de 148 menores en 21 instalaciones diferentes debido a los problemas de hacinamiento y la falta de personal cualificado. Además, la investigación ha expuesto deficiencias significativas en el sistema de acogida de menores en las islas, revelando que muchos estándares de calidad no se estaban cumpliendo.
Los defensores de los directivos de Quorum 77 han puesto en duda las acusaciones, argumentando que su compromiso ha sido siempre el bienestar de los menores. Este caso ha atraído la atención pública, evidenciando un sistema cuyo control es insuficiente para prevenir situaciones alarmantes en centros de acogida.
El caso ha derivado en la detención de varios empleados, incluidos la presidenta y el director de la ONG. Con la clausura del centro, se ha iniciado un proceso de reubicación de 148 menores en 21 instalaciones diferentes debido a los problemas de hacinamiento y la falta de personal cualificado. Además, la investigación ha expuesto deficiencias significativas en el sistema de acogida de menores en las islas, revelando que muchos estándares de calidad no se estaban cumpliendo.
Los defensores de los directivos de Quorum 77 han puesto en duda las acusaciones, argumentando que su compromiso ha sido siempre el bienestar de los menores. Este caso ha atraído la atención pública, evidenciando un sistema cuyo control es insuficiente para prevenir situaciones alarmantes en centros de acogida.